La semana pasada el Tribunal Supremo escuchó argumentos en uno de los casos electorales más trascendentales en la historia de nuestra nación. Los magistrados están considerando si la cláusula de insurrección de la 14ª Enmienda descalifica al expresidente Donald Trump para ocupar cargos públicos. El caso de Colorado está ante la consideración del Supremo luego de que el Tribunal Supremo del estado dictaminara que Trump, que enfrenta un calendario judicial abarrotado este año electoral, no podía aparecer en la papeleta primarista del 2024, citando el rol de este en el ataque al Capitolio Federal del 6 de enero del 2021.
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Exploremos entonces cómo la decisión del tribunal superior podría afectar las elecciones de 2024.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el Tribunal Supremo escuchó un caso sobre la Sección 3, una disposición de la 14ª Enmienda que rara vez ha estado bajo consideración judicial. ¿Qué es la Sección 3? La cláusula, en su totalidad, tiene poco más de 100 palabras y expone que nadie que haya jurado defender la Constitución podrá volver a ocupar un cargo público si “participó en una insurrección o rebelión contra la misma, o brindó ayuda o consuelo a sus enemigos”.
Los historiadores explican que los redactores de la Consitución decidieron aprobar la 14ª Enmienda unos años después de la Guerra Civil en busca de desalentar la violencia política, que es exactamente lo que estaba sucediendo en el Sur de la posguerra en este momento. Opinan, además, que está “bastante claro” que la Sección 3 se aplicaría al presidente de los Estados Unidos, una conclusión que el equipo legal de Trump intentó rebatir durante su argumentación. En pocas palabras, el abogado de Trump, Jonathan Mitchell, dijo a los jueces en sus argumentos orales que el ataque del 6 de enero fue “un motín, no una insurrección”.
El Tribunal Supremo de Colorado determinó en diciembre que Trump violó esta cláusula y concluyó que sus acciones previas y durante el violento ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos equivalían a una insurrección.
La pregunta central ante los jueces del Tribunal Supremo es la siguiente: ¿la cláusula de insurrección de la 14ª Enmienda de la época de la Guerra Civil descalificaría en última instancia a Donald Trump para ocupar un cargo más alto?
Para constestar dicha pregunta, los jueces del Supremo centraron la discusión durante la argumentación oral en los siguientes plateamientos:
¿Quién tiene el poder?
Gran parte de los argumentos se centraron en si Colorado (y los estados en general) tienen la autoridad constitucional para hacer valer la Sección 3.
El abogado de Trump, Jonathan Mitchell, argumentó que los estados no tienen ningún rol en hacer valer dicha sección de la Constitución. Se basó en gran medida en una decisión de un tribunal de circuito de 1869, en la que el juez Samuel Chase dijo que la Sección 3 no era “autoejecutable” como lo son muchas otras partes de la Constitución. El Congreso tendría entonces que aprobar una legislación que permita a los estados hacer cumplir la Sección 3 y no lo ha hecho.
La jueza Sonia Sotomayor no quedó impresionada con la decisión de Chase. Dijo que no era un precedente, ya que no era una decisión del Tribunal Supremo. La historia, según Sotomayor, está llena de múltiples instancias en que los estados se han basado en la Sección 3 para prohibir a los insurrectos ocupar escaños estatales.
Por su parte, el abogado de Colorado, Jason Murray, expuso que la autoridad de los estados para hacer valer la Sección 3 proviene de su amplio poder bajo el Artículo II de la Constitución para celebrar elecciones. La Sección 3, argumentó, es simplemente otro requisito electoral como lo es la edad (35) para ser presidente.
¿Cuáles son las consecuencias?
Como parte de los procedimientos, la argumentación oral del abogado de Colorado se vio constantemente interrumpida por la discusión de los jueces y las preguntas sobre las consecuencias de confirmar la decisión de el Tribunal Supremo de Colorado. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, planteó que las claras consecuencias serían los potenciales esfuerzos de descalificación por parte de otros estados en contra de los candidatos del partido político opuesto. Como consecuencia lógica, según Roberts, todo se reduciría a un puñado de estados que decidirían la elección presidencial, consecuencia bastante desalentadora en su opinión.
Los jueces podrían emitir una opinión en cualquier momento, pero dada la rapidez con la que programaron los argumentos en Trump v. Anderson, parecen muy conscientes de que se acercan los plazos electorales. De hecho, es probable que actúen más rápido de lo normal para resolver el caso.
En muchos sentidos, el caso ante el tribunal presenta una situación en la que todos pierden irrespectivo de cual sea la decisión. No importa como decida el Tribunal, habrán críticas y potencialmente demostraciones políticas. Es un asunto delicado y una determinación que no es nada fácil, tanto por tratarse de una asunto constitucional como por las consecuencias de la determinación. Sin embargo, para eso se les desginó a los puestos que ocupan en el tribunal de mayor jerarquía en la nación. Estaremos pendientes a la sentencia que emitan y a otros asuntos que seguramente quedarán ante su consideración entre la madeja de líos legales del ex Presidente Trump.