La Policía ha vuelto a ocupar titulares. Pero no por el grueso de sus integrantes. Después de todo, como sucede con todos los ámbitos del quehacer humano, en ese cuerpo los buenos superan a quienes cometen faltas. Hablo en este caso sobre su dirección. La misma que puso el grito en el cielo tras los resultados de un análisis estadístico publicado por la organización no gubernamental “Kilómetro cero”.
En el estudio, sus analistas concluyen que proporcionalmente dentro de la policía hay más feminicidas que en el resto de la población. Una conclusión controvertible que se ancla en el hecho que desde 2018 hasta el presente cinco policías acabaron con las vidas de parejas o exparejas. Y ello, según el análisis de “Kilómetro cero”, es proporcionalmente mayor a la cifra total de feminicidios en el resto de la población. Para la dirección de la Policía las conclusiones del estudio son poco menos que un insulto.
En declaraciones enviadas por su equipo de prensa aseguran que sus propios analistas revisaron las estadísticas y no llegaron a esa conclusión.
“Las supuesta investigación y expresiones públicas de los creadores de Kilómetro Cero, no solo representa una falta de respeto a los sobre 11 mil policías que se levantan todos los días a proteger la vida y propiedades de todos los ciudadanos, sino que afecta a sus familias, padres, parejas e hijos que sacrifican sus vidas para que estos puedan servir a otros”, leían las declaraciones enviadas por el equipo de prensa de la uniformada. Unas declaraciones en las que no se niega el hecho de los cinco feminicidios adjudicados a agentes desde 2018 pero, en su lugar, se opta por plantear que el informe acusa a los 11 mil miembros de la fuerza, sus familiares, padres y parejas de ser delincuentes.
Evidentemente, el texto del informe no estira el chicle en direcciones tan intrépidas. Por lo contrario, me parece que ayuda a volver a colocar sobre la mesa un asunto que ya ha sido planteado durante años, incluso en el contexto de la reforma de la Policía: precisamente para no afectar a los 11 mil hombres y mujeres que forman parte de la fuerza y realizan su trabajo de manera comprometida y ética, la Policía debe reconocer que ha tenido durante años un problema con el procesamiento de las querellas contra agentes acusado por sus parejas o exparejas de violencia de género. Es decir, olvidemos por un momento la controversia sobre la proporción de feminicidas. ¿Se han reportado cinco casos dentro de la fuerza desde 2018? Sí. ¿Algunos de los casos involucran a agentes contra quienes existían querellas, pero no fueron atendidas de manera adecuada? Sí. ¿Durante años prácticamente todos los organismos observadores consultados han sugerido a la policía que delegue en un ente externo la evaluación de querellas por violencia de género contra agentes? Sí. Entonces, indudablemente, hay asuntos que atender. La resistencia en reconocer que el problema existe provoca que la dirección de la policía no consiga sacar las manzanas podridas del resto del barril. Y ese es un daño autoinfligido. No. La dirección de la policía no ha sido eficiente a la hora de autoevaluarse.
Según datos de la policía publicados por el Centro de Periodismo Investigativo, de enero de 2017 hasta el 2 de noviembre de 2022 se habían radicado 371 querellas de violencia de género contra agentes. De esas el 242 no habían sido sometidas. De igual manera, entre 2010 y 2021 se habían reportado 960 incidentes de alegada violencia doméstica contra agentes, según ese medio. Solo 36 terminaron en convicciones. Y según grupos de derechos humanos, derechos de la mujer, el Monitor Federal de la Policía y hasta la Cámara de Representantes, esa cifra tan baja no es casualidad sino el efecto directo de aquello que se conoce como “el cabro velando las lechugas”. O lo que es lo mismo, la policía no evalúa adecuadamente querellas contra sus propios miembros.
Precisamente, tras varios casos reportados el pasado año en los que agentes habían sido acusado de agredir o matar a sus parejas o exparejas, se realizaron vistas públicas para estudiar el asunto. La Comisión de la Mujer de ese cuerpo concluyó que la Policía (su dirección, no sus agentes) arrastraba los pies a la hora de investigar las querellas. Por ello surgieron la creación de una procuraduría especial que se encargue de analizar e investigar esos casos, quitando de las manos de la uniformada la responsabilidad de investigarse a sí misma. ¿Qué depuso la dirección de la Policía en las vistas convocadas por la Cámara? Como con los hallazgos de Kilómetro cero, desmintieron la existencia de un problema y se opusieron a que un organismo externo investigue las querellas.
Y ese es realmente el problema. Esa es precisamente la falta de respeto a los integrantes honestos y comprometidos de ese cuerpo. Negar la existencia del problema y oponerse a trabajarlo con un enfoque recomendado por los expertos en y fuera de Puerto Rico; meter la cabeza bajo la tierra e intentar culpar a todos menos a sí mismos por la falta de mecanismos adecuados. Todo lo anterior hace un flaco servicio a los agentes honestos que, con toda seguridad, repudian que compañero incurran en actos de violencia y que esos actos sean barridos bajo la alfombra.
En esto, como en tantas otras cosas, aplica aquello de que quien nada debe, nada teme. Más transparencia señores. Que nadie gana al perpetuar mecanismos ineficientes que solo encubren conductas que todos y todas deben repudiar. Dar paso a estas medidas no ofende a agentes honestos, sus familiares, padres o parejas. Por lo contrario permitiría sacar de raíz a aquellos que no merecen llevar tan honroso uniforme.
