El concepto “democracia de fachada” define un sistema político que en su forma parece democrático pero en su contenido no lo es. Estudié y escribí sobre este concepto por primera vez en los ochenta analizando los procesos de insurrección en Centroamérica. La política exterior norteamericana de la administración Reagan, que promovía la guerra contra el nuevo gobierno Sandinista en Nicaragua, apoyó la proliferación de democracias de fachada en los países vecinos para contener el avance de las insurrecciones populares contra las dictaduras. Se organizaban y apoyaban procesos electorales controlados por las élites gobernantes para relegitimar gobiernos proamericanos y recomponer sistemas político-económicos corruptos y desgastados.
En Puerto Rico presenciamos el tránsito de una democracia colonial a una democracia de fachada. La democracia colonial en Puerto Rico tiene apenas 76 años. Debemos recordar que hasta 1946 el gobernador era designado por el presidente de Estados Unidos. La ley del gobernador electo fue aprobada en 1947 por el Congreso de Estados Unidos, eligiéndose un gobernador en 1948, y la Constitución del Estado Libre Asociado, que es también una concesión legal del Congreso, data de 1952. Recientemente, gracias al caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, el tribunal supremo de Estados Unidos nos recordó que estas leyes y normas democráticas fueron el resultado de una “delegación” limitada de poderes del Congreso al gobierno de Puerto Rico; somos una democracia colonial.
Con todas sus limitaciones, en los años cincuenta y sesenta Puerto Rico fue presentado ante el mundo como la vitrina de la democracia y el desarrollo. Ante el reto mundial de la descolonización, el ELA se presentó como “lo mejor de los dos mundos”: autodeterminación democrática y desarrollo económico en el marco de una relación colonial liberal paternalista. Bajo el programa conocido como Punto Cuarto, jóvenes de “países subdesarrollados” aspirantes a un mundo democrático y económicamente próspero visitaban a Puerto Rico para observar los ejemplares procesos electorales y los proyectos económicos del ELA.
Entre 1968 y 2016 hubo una alternancia bipartita estable entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Con excepción de las elecciones de 1980, celebradas bajo una recién creada Comisión Estatal de Elecciones (1977), hasta 2016 el proceso eleccionario en Puerto Rico gozó de legitimidad. Esto no quiere decir que había pureza y transparencia absoluta sino que los niveles de fraude se consideraban mínimos y no parecían afectar significativamente los resultados electorales.
En 2016 se registraron resultados sorpresivos y preocupantes para la clase política que alternaba en el poder. Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre, condensaron la desilusión y desafección de fuerzas emergentes de centro izquierda y derecha. La erosión del dominio electoral del PNP y el PPD, así como la crisis política de julio de 2019, presagiaron la estrepitosa caída del dominio bipartita en 2020. Anticipando esa caída, a seis meses de las elecciones, el PNP aprobó un nuevo código electoral que centralizó el control de la CEE y del proceso eleccionario en manos del partido de gobierno. Este control facilitó un fraude electoral masivo concentrado en el voto adelantado, especialmente el voto por correo. La unidad 77, que recogió ese voto cuestionable y cuestionado se dice que fue factor decisivo en el triunfo del PNP en las alcaldías de San Juan, Barranquitas, Culebra y el precinto representativo 3 de San Juan, entre otros.
En 2023, una vez más cerca del proceso electoral, se aprueba un reglamento que añade obstáculos al ejercicio de derechos democráticos de los partidos. Funcionarios de la CEE engañan a los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana induciéndolos a error. No nos equivoquemos, no se trata de que los candidatos del MVC cometieron un error por ignorancia sino que fueron engañados e inducidos a error.
Ante estos hechos antidemocráticos, la presidenta de la CEE se lava las manos y culpa a los funcionarios del MVC por no cumplir con las medidas reglamentarias que los funcionarios de la Comisión negaron fueran aplicables. Asimismo, la CEE no coordina efectivamente la depuración de las listas para eliminar electores fallecidos. Finalmente, completando el marco que viabilizaría el fraude en los próximos comicios, la CEE no actúa sobre las listas de electores registrados para votar en jurisdicciones de Estados Unidos, poniendo la carga de recusar estos votos en las Juntas de Inscripción Permanentes de los pueblos.
Históricamente, la CEE fue garante de elecciones legítimas y justas. A partir del nuevo código electoral del 2020, hemos presenciado la primera interrupción de un proceso de primarias, el fraude masivo utilizando el voto adelantado y la descalificación de candidatos de oposición por medios engañosos y subrepticios, en una imitación burda y torpe del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Presenciamos el tránsito de la democracia colonial a la democracia de fachada típica de los regímenes cripto autoritarios de derecha desde El Salvador de José Napoleón Duarte al Brasil de Jair Bolsonaro.
