La semana pasada el Gobernador presentó un supuesto mensaje de la situación del país. Supuesto porque, lejos de señalar la verdadera realidad política, fiscal-económica y social, este mensaje —como todos los mensajes de este tipo en el pasado— crea un mundo paralelo que solo existe en la imaginación de la administración de turno.
Por ejemplo, reclamar que un crecimiento de 7.6 % en el PIB desde 2021 hasta el presente es “bueno” o “excelente” es esconder la realidad de que esto se traduce realmente en un incremento de un raquítico 2.5 % anual promedio, amparados en la llegada de decenas de miles de millones de dólares en fondos federales. Países que se asemejan a Puerto Rico logran crecimientos de su PIB mayores que Puerto Rico, sin fondos federales.
De igual forma, la reducción en la tasa de desempleo es una falacia. Primero, porque Puerto Rico tenía 1,263,000 personas empleadas en el año 2007, cifra que jamás ha sido superada hasta el presente. Aun cuando los puestos de trabajo actuales alcancen, supuestamente, 1,150,000, eso significa que desde el 2007 se han eliminado sobre 110,000 empleos, lo que confirma que el tamaño de nuestra economía se contrajo en una quinta parte entre los años 2007 y 2021
Reclamar que los 84,000 empleos en la manufactura es un logro esconde la realidad de la contracción de este sector de nuestra economía que antes generaba sobre 200,000 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero lo peor es que mientras la tendencia histórica del empleo en ese sector es a la baja, las ganancias que sustraen del país esas empresas siguen en aumento y el 73 % de los $23,500 millones que Hacienda dejó de recibir en recaudos en el año 2023, corresponden a impuestos no pagados por esas corporaciones foráneas.
El discurso de la “protección a las pequeñas y medianas empresas” no es real. Son muy pocos los beneficios contributivos que reciben nuestras PYMES, cuyos propietarios son puertorriqueños en su inmensa mayoría. Por consiguiente, el sistema contributivo continúa imponiéndole la mayor carga contributiva a las personas que trabajan y a las empresas puertorriqueñas, mientras las empresas del exterior y los inversionistas tipo Ley 22 reciben enormes beneficios de manera recurrente.
Mientras no exista la honestidad de reconocer los problemas reales del país, faltarán las respectivas políticas públicas para enfrentarlos.
