En las pasadas semanas tomaron prominencia tres incidentes de violencia de género que hacen patente las complejidades de la crisis que atravesamos. Primero vimos en las noticias un video de un hombre que detuvo el auto en medio de una avenida para propinarle una golpiza a su pareja frente a sus hijos quienes según la prensa gritaban, por qué le pegas a mi mamá. Luego supimos de una enfermera que mató de un disparo a su pareja en medio de una discusión en una actividad recreativa. Días después se reportó el feminicidio perpetrado por un hombre que mató a su pareja e hirió a su hermana frente a su familia y luego se suicidó. La prensa reportó que la hija de la víctima gritaba, mátame a mí que estoy enferma.
Como profesora de metodología de investigación enseño a mis estudiantes que toda investigación trata de descifrar un rompecabezas. Es necesario establecer el hilo causal y analítico que conectan hechos que aparecen separados o fragmentados. Estos casos recientes tipifican el rompecabezas de la violencia de género en sus diversas expresiones: golpear, matar, suicidarse, abusar a menores que al presenciar estos actos se convierten en víctimas. Los actos de violencia de género y los feminicidios se han convertido en actos usuales (no normales) en las disputas entre géneros en Puerto Rico. ¿Qué pasa que a alguien le parece una respuesta razonable a un conflicto pegarle un tiro a su pareja y suicidarse? ¿Por qué no funcionan las medidas del estado de emergencia de violencia de género?
Cuando el gobernador dice que la violencia de género es un problema conductual, que el gobierno no tiene la culpa, busca simplemente desviar la atención del hecho básico de que la política pública ha fallado al menos en tres formas fundamentales. Primero, la liberalización de los permisos para poseer y portar armas en Puerto Rico facilita el acceso a armas a una población que de otra manera no las tendría. Segundo, la crisis del sistema de salud pública parece ser más aguda en asuntos de salud mental, que no es una prioridad alta—no puedo borrar de mi mente el intercambio destemplado del ex administrador de ASSMCA, quien parecía un desquiciado, y una periodista. Tercero, el descarrilamiento del currículo con perspectiva de género que se escenificó en las vistas de confirmación del secretario de educación, quien luego sería removido por razones que nunca se explicaron.
Facilitar que la población civil compre armas como respuesta al aumento de la violencia criminal podría entenderse como una incitación al conflicto civil no político. Si la policía no da abasto para combatir el crimen, armar la población es escalar el espiral de violencia, no un acto de protección a las/os inocentes. La enfermera que mató a su pareja lo hizo con un arma legalmente registrada, y lo hizo por temor a la violencia de su pareja. La madre del occiso intervino a favor de la acusada en la vista de fianza. Esta paradoja sólo puede explicarla el reconocimiento de la madre del comportamiento machista y violento de su hijo.
Hay consenso de que Puerto Rico sufre una crisis de salud mental, altas tasas de adicción, violencia sexual y maltratos contra la niñez. Hay una crisis de salud pública agravada por el hecho de que los gobiernos bajo la Junta de Control Fiscal nunca definieron qué servicios básicos protegerían, siendo la salud y la educación severamente afectados. Ambos servicios son fundamentales para la salud mental de la población llamada eufemísticamente vulnerable, los pobres. Las presiones sobre la población pobre, concentrada en hogares con jefas de familia, se refleja también en los problemas de cuido y abandono de adultos mayores. Estos son problemas de política pública, no simplemente “conductuales”.
Los feminicidios y la violencia de género se anclan en el patriarcado y el machismo. Representan un complejo rompecabezas cuya solución requiere estrategias de política pública innovadoras que consideren la multiplicidad de factores que se conjugan en medidas para la prevención de conductas violentas y machistas. Se trata de prevención mediante la educación con perspectiva de género continua y coordinada, no de reaccionar punitivamente después de actos de violencia machista. Es necesario contener el descalabro familiar e inestabilidad emocional y sicológica de niños también violentados por la conducta machista observada, que se reproduce en un espiral ascendente y continuo de violencia doméstica.
Las medidas para la prevención de feminicidios, violencia de género y doméstica tienen que estar avaladas con suficientes recursos fiscales y de capital humano capacitado para hacer una intervención positiva y sistemática en todos los ámbitos desde la educación, la salud, la familia, el sistema judicial e inclusive oportunidades laborales y de vivienda accesible. La falta de voluntad política y la mala gobernanza conspiran contra la implantación de una política pública coherente, multidimensional y transversal para combatir y erradicar la violencia de género.
