El domingo Jackeline Santiago Rodríguez acudió al cuartel de la policía de Morovis en busca de ayuda. Estaba en peligro. Su expareja amenazaba su vida. Allí, frente ese mismo cuartel, Jackeline fue asesinada.
Parece un chiste de mal gusto. Un cuento inverosímil. ¿Cómo es que alguien puede ser asesinado frente al lugar donde busca protección? Quizá por eso este, el octavo feminicidio íntimo del año ha provocado que la atención del país se vuelque, aunque sea por un minuto, sobre el estado de la lucha contra la violencia de género. Porque cuando no es que no se expide correctamente una orden de protección, es que no se diligencia correctamente. Y si no, es que la víctima llama a querellarse y nadie contesta; o ponen en duda su versión en el cuartel; o en el tribunal. O una cosa, o la otra, pero siempre hay algo. Entonces, cabe preguntarse, ¿Cuántas veces más puede el Estado hablar de errores? ¿Cuántas veces puede repetirse el mismo error sin que se convierta en negligencia?
En este caso, el ojo debe colocarse sobre varios factores, entre ellos el elemento del privilegio de un programa de desvío del que gozaba el asesino. Según ha trascendido, Luis Cruz Santiago es un reincidente en toda regla. El individuo tuvo un caso por violencia de género en 2020 y luego otro en 2022. En este último, según el alegato de las autoridades, el feminicida persiguió a su expareja con un cuchillo con la intención de matarla. En mi libro, un intento de asesinato. Pero a pesar de ello, se le permitió el privilegio de entrar a un programa de desvío. A lo anterior, sume que en su contra pesaba una orden de protección vigente hasta octubre de este año. ¿Es posible entender cómo se permitió el beneficio de un programa de desvío? Ese tracto de hechos nos lleva inevitablemente a cuestionar más de un asunto.
Entre otras cosas, ¿Cuáles son los criterios para decidir que una persona debe ser beneficiada con el privilegio de un programa de desvío en lugar de pasar tiempo en la cárcel? Una vez dentro de uno de estos programas, ¿Quién evalúa a los beneficiados? ¿Quién evalúa a los programas de desvío? Las respuestas a estas preguntas pueden arrojar luz sobre la crisis actual con estos programas, tal y como ha sido denunciado desde 2019 por varias organizaciones sin fines de lucro. La primera denuncia es que el gobierno, que se supone está en medio de una declaración de estado de emergencia, ha fallado en nombrar y confirmar a los integrantes de una junta que se encarga de fiscalizar estos programas. La falla aquí no es solo del Ejecutivo, sino también del Senado, puesto que la procuradora interina de las mujeres, Madeline Bermúdez, y la exdesignada procuradora Vilmarie Sierra han coincidido en señalar que la “cámara alta” ha arrastrado los pies a la hora de bajar a consideración las designaciones realizadas para llenar los puestos de esa junta. De igual forma, hay puestos que no han sido designados y, por lo tanto, no pueden bajar a confirmación.
Según las expertas, la Junta –ahora inexistente- tendría a su cargo determinar si los beneficiarios de los programas de desvío están listos para salir a la libre comunidad, si están cumpliendo con los requisitos del programa y si los programas en sí mismos están siendo efectivos. Entonces, si la Junta no ha sido nombrada, entonces ¿Quién está fiscalizando estos programas? Por lo que ha trascendido y ha sido discutido por líderes feministas en el programa “Dígame la verdad” conducido por la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320, una sola oficial del Departamento de Corrección tiene la encomienda de fiscalizar a cerca de 20 programas de desvío, su operación y participantes. Indudablemente, un enorme mal chiste que no ha sido denunciado por la oficial de cumplimiento nombrada por Fortaleza para hacer cumplir las recomendaciones del Comité PARE.
No hay nada más que estudiar. Nada. Las recomendaciones de los expertos están sobre la mesa y son el producto de un esfuerzo gratuito y bien intencionado de múltiples voces del sector privado. Ahora la bola está en la cancha del Gobierno. Lo está hace mucho tiempo. Actúen. Que las excusas y admisiones de error ya resultan poco creíbles.
