Les invito a leer la propuesta económica publicada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y su candidato a la gobernación Juan Dalmau. Compárenla con su propuesta económica de hace cuatro años. Es casi idéntica. A su vez, pregúntese que han dicho los líderes de MVC sobre la misma. Si usted no los ha escuchado, yo tampoco. Aparentemente la alianza es solo en candidatos y no en lo que los candidatos van a hacer cuando sean elegidos. Interesante.
Ahora bien, de las pocas cosas nuevas que se incorporan a la patria nueva es la piedra angular de su propuesta económica: aumentar al 15 % la tasa contributiva de las empresas que ostentan un decreto de exención en Puerto Rico. Esta iniciativa se fundamenta en la creencia de que las empresas manufactureras están irremediablemente destinadas a estar sujetas al Impuesto Mínimo Global (IMG), promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, la propuesta de la patria nueva no tan solo está fundamentada en una serie de premisas falsas, sino que a su vez expone la incongruencia de la política económica del PIP.
Primero, mediante la Ley 52-2022 la legislatura incluyó como parte de su tratamiento contributivo para estas empresas que en caso de que en los Estados Unidos se implementara el IMG, aquí en Puerto Rico se adoptaría también. Curiosamente el PIP le votó en contra a esta legislación. Cosas veredes, amigo Sancho.
Por otra parte, queda claro que Estados Unidos aún no ha adoptado plenamente el IMG y la administración del presidente Joe Biden enfrenta serios obstáculos legislativos para aprobarla. Además, de los 140 países que respaldaron el IMG, solo 37 lo han incorporado en su legislación hasta el momento y muchos se encuentran esperando a ver si Estados Unidos lo incorpora.
Otro aspecto importante para tener en mente sobre esta propuesta y sus premisas peregrinas es que la misma se fundamenta en la creencia errónea de que el IMG aplicaría a todas las operaciones de manufactura, cuando en realidad solo afecta a multinacionales con ingresos anuales superiores a 800 millones de dólares. De la manera en que el PIP la propone se llevaría enredadas a cientos de empresas extranjeras en Puerto Rico más allá de a las que les aplicaría el IMG.
Lo anterior, sin mencionar otro sinnúmero de problemas que enfrenta dicha propuesta económica y que refleja la desconexión del PIP y la patria nueva con la realidad de Puerto Rico. Si el mensaje del gobernador de hace unos meses atrás reflejaba una desconexión con la realidad de la gente, esta propuesta refleja una desconexión con la realidad en Puerto Rico.
Si Puerto Rico implementa el 15 % de la manera en que el PIP lo propone, y sin que Estados Unidos adopte el IMG, va a autoinfligirse un grave daño debido a la falta de armonización con la política fiscal de Estados Unidos provocando una estampida de empresas. Algo similar a lo sucedió luego de la derogación de la Sección 936 en 2006, que resultó en el comienzo de lo que fue una depresión económica en Puerto Rico.
La izquierda socialista en Puerto Rico carece de una comprensión adecuada de los mercados. Su enfoque en la lucha de clases en lugar de en la libertad económica es destructor para la sociedad puertorriqueña. Puerto Rico enfrenta desafíos económicos que requieren promover la inversión, mejorar la infraestructura y fomentar un entorno de libertad económica empresarial favorable que no sea penalizando con impuestos al sector productivo, confiscando propiedad privada o promoviendo más intervencionismo por parte del gobierno. La propuesta del PIP va en la dirección contraria.
