Con la reciente designación de los miembros de un Consejo Presidencial de Haití, la mayoría de ellos antiguos funcionarios de gobierno y empresarios, se dio el primer paso hacia la creación de un gobierno funcional en ese país. El Consejo deberá nombrar un primer ministro y trazar una agenda de administración pública en un escenario repleto de obstáculos, entre ellos la ampliación del poderío de pandillas en las vías públicas.
El país de cerca de 12 millones de habitantes no ha llevado a cabo elecciones desde 2016, año en el cual el Consejo Electoral Provisional declaró que Jovenel Moise se había convertido en el presidente de uno de los países más poblados del Caribe, con cerca de 12 millones de habitantes. A partir del asesinato del presidente, el 7 de julio de 2021, se originó un período de violencia en las calles de la capital, Puerto Príncipe, y en las principales ciudades del país, promovidas por pandillas equipadas con poderosas armas de fuego procedentes de Estados Unidos, un hecho agravado por la ausencia de una fuerza policial capaz de establecer el orden en el espacio público.
En Haití, las calles son el espacio para transitar, así como el área para el intercambio de mercancías a través de negocios mayormente manejados por mujeres. Sin embargo, las calles de las principales ciudades del país se han tornado en zonas inseguras como resultado del abuso de las cuadrillas. Hace algunos meses, más de 33 mil personas huyeron del área metropolitana de Puerto Príncipe procurando seguridad ante la escalada de agresiones de parte de las turbas, las cuales han llegado al extremo de incendiar escuelas, privando a centenares de niños y niñas de su derecho a la educación.
Hace poco menos de un mes, en un informe titulado «Haití: Situación catastrófica exige una acción inmediata y audaz», el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, advirtió que el número de personas muertas y heridas debido a la violencia de las pandillas en Haití había aumentado significativamente en 2023, alcanzando 4,451 muertos y 1,668 heridos. El informe advertía asimismo que las pandillas se valieron de la violencia sexual para brutalizar, castigar y controlar a las personas. Subrayaba también el hecho que las mujeres eran violadas durante los ataques de las pandillas en los barrios, en muchos casos después de ver a sus maridos asesinados delante de ellas. Alrededor de una docena de cuerpos sin vida, muchos de ellos carbonizados, están esparcidos por las calles de las comunas de Delmas y Pétionville, jurisdicciones localizadas al este de Puerto Príncipe.
Aunque el Consejo Presidencial de transición tiene la encomienda de emprender la salida de la actual crisis de gobernanza mediante la organización de elecciones presidenciales y parlamentarias, es evidente que ese plan no puede encaminarse sin resolver el gigantesco obstáculo que constituye la violencia en las calles.
Uno de los problemas con el cual deberán lidiar trabajar es el hecho que, a pesar de que las bandas armadas han destruido la infraestructura estratégica de Haití (aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, instituciones educativas, hospitales, comisarías, bancos, comercios y otras), sitiado la capital y sus alrededores y amenazado con desatar “la guerra civil y el genocidio”, estas han exigido una cuota de poder para gobernar el país. Como si fuera poco, el ex oficial de policía, Guy Philippe, quien tiene fuertes vínculos con las gangas, ha reclamado públicamente su interés en presidir el país, a partir de lo cual implantaría un programa de amnistía para los líderes y miembros de las pandillas.
En cambio, otros sectores preocupados con la instauración de un Estado democrático han solicitado a la comunidad internacional que enjuicie a los sospechosos de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos en Haití. Una de las voces principales en reclamo de atender el problema del control de las ciudades por las gangas armadas proviene de organizaciones feministas, las cuales se han convertido en actoras principales para orientar el plan del Consejo Presidencial. Por ejemplo, la líder feminista Sabine Manigat, quien es profesora universitaria y politóloga, ha advertido sobre la necesidad de procesar a aquellos que han querido disfrazar sus actos criminales con el manto de actos legítimos, aduciendo que se trata de “acciones políticas revolucionarias”. Con ello pretenden reclamar que se les extienda una medida de amnistía y su legitimación para participar en la arena política.
Sin embargo, la perspectiva que tienen las pandillas sobre sus acciones choca con la visión del Consejo presidencial, y de entidades internacionales, como Amnistía Internacional, la cual ha requerido que la comunidad internacional “vigile y documente cuidadosamente los posibles crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidas en Haití, con el fin de garantizar el respeto del derecho internacional y, cuando proceda, enjuiciar a los sospechosos de responsabilidad penal” en ese país.
