En los últimos días, personas que se identifican con los intereses de la ley 22, ahora subsumida bajo la Ley 60, han iniciado una campaña agresiva para defender los supuestos “grandes beneficios” que el referido estatuto ha traído al país. Veamos por qué esto es una falacia.
En primer lugar, como consecuencia de leyes como la 22, el Departamento de Hacienda informa que los beneficios contributivos otorgados reducen drásticamente la capacidad del gobierno de Puerto Rico de recaudar ingresos críticamente necesarios para un país en quiebra. Como bien apunta la entidad independiente Espacios Abiertos, para el año fiscal más reciente (2023) la cifra no recaudada se eleva a más de 24 mil millones de dólares, lo que constituye un 21 % de nuestro Producto Interno Bruto (PIB).
En segundo lugar, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó dos estudios exhaustivos sobre las consecuencias fiscales y económicas de la Ley 22. Uno de ellos revela que varias personas vinculadas a la promoción del estatuto han sido investigadas por el IRS, debido a presuntos delitos fiscales. En el segundo estudio se afirma que los empleos y el impacto económico que anticiparon los creadores de la ley nunca llegaron. También, se destaca que la mayoría de las empresas favorecidas apenas crean empleos y no representan un impacto significativo en la economía local. Ciertamente, la Ley 22 pasó a convertirse en el refugio de aficionados de criptomonedas, personajes de YouTube y consultores.
Finalmente, está el aspecto más inaceptable de la Ley 22: el desplazamiento de nuestra gente humilde de sus comunidades tradicionales. Esta es una consecuencia a la que no le podemos asignar valor monetario porque se trata de seres humanos que no tienen a dónde ir. Por eso rechazamos la Ley 22 y la seguiremos combatiendo desde nuestro espacio legislativo.
