Convencidos de que el plebiscito anunciado recientemente por el Gobernador es inconstitucional, engañoso e ilegal, en el Paritido Independentista Puertorriqueño (PIP) determinamos presentar un recurso legal ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para impugnar la consulta.
PUBLICIDAD
La celebración de la votación plebiscitaria contemplada por la Ley 165-2020 y convocada por el gobernador por “decreto” mediante orden ejecutiva violenta la separación de poderes, la libertad de palabra, la igual protección de las leyes, el derecho al voto y atenta, además, contra los poderes, facultades y derechos que tenemos los legisladores.
Desde principios de cuatrienio la senadora María de Lourdes Santiago y este servidor, radicamos los proyectos de la Cámara 138 y del Senado 93, proponiendo derogar la Ley del Plebiscito y, ni en Cámara ni en Senado, el liderato legislativo del Partido Popular se atrevió a llevarla a votación. Tampoco le dieron paso a las otras medidas sobre estatus que presentamos, por lo que han sido cómplices del Partido Nuevo Progresista (PNP). Un gobernador no puede, mediante orden ejecutiva, usurpar los poderes de la Legislatura de aprobar leyes y asignar presupuesto. Nos opusimos a la aprobación de la hoy Ley 165 y ahora, ante la inconstitucional acción del gobernador, recurrimos al Tribunal para vindicar nuestros derechos.
A nivel político, este plebiscito se trata de un ardid electorero del PNP para movilizar a sus electores en noviembre como consecuencia del descrédito y la tendencia de pérdida de apoyo electoral. Además, la experiencia histórica es que cualquier esfuerzo electoral sobre el futuro político de Puerto Rico promovido unilateralmente termina en el fracaso y la inconsecuencia.
En el PIP, estamos comprometidos con impulsar una Asamblea de Estatus que permita encaminar democráticamente nuestro derecho a la libre determinación entre alternativas no coloniales ni territoriales mediante negociación y consulta con el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa en la que ofrecimos detalles sobre la impugnación del plebiscito, el compañero Juan Dalmau expresó: “Como Gobernador convocaré una Asamblea de Estatus, donde nadie renuncia a su opción de estatus, y juntos, todos los que representamos opciones no coloniales ni territoriales, en un proceso de negociación y consulta, reclamemos del Congreso acción”.
La ruta para la descolonización es una Asamblea de Estatus democrática, no plebiscitos fraudulentos para movilizar electores en noviembre.