Los gobiernos del bipartidismo han sido constantes en su afán por violar la ley y discriminar. Este cuatrienio no es la excepción cuando, una vez más, comienzan las movidas en las agencias de gobierno para “atornillar” a empleados a fin con el gobierno de turno.
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Se trata de nombramientos de empleados de confianza a puestos de carrera, comúnmente denominados como “atornillados”. Este término informal se refiere, como regla general, a aquellos empleados de confianza que se convierten en empleados de carrera mediante un nombramiento o, en otras palabras, mediante un chanchullo alegadamente en cumplimiento con el principio del mérito.
La Ley de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y los reglamentos prohíben los nombramientos de empleados de confianza en puestos de carrera dos meses antes de las elecciones y dos meses después. Ahí está la carrera y el desespero de tratar de nombrar estos empleados a toda prisa, antes de que comience esta veda, sin que el proceso de reclutamiento sea uno neutral e imparcial en donde todos los empleados del gobierno y nuevos aspirantes tengan una oportunidad real de competir por ese puesto. Es decir, es el jefe de la agencia nombrando a su ayudante, su director, asesor, incluso ayudados en ocasiones por el referido del político del Partido Nuevo Progresista (PNP) o Partido Popular Democrático (PPD).
Transgreden el principio de mérito que estipula que los nombramientos estén basados en las capacidades y habilidades de las personas, sin ningún tipo de discrimen. El chiste, de mal gusto, se cuenta solo.
Estos “atornillamientos” no solo son ilegales e inmorales, también son una práctica indeseable realizada por décadas que ha contribuido a la politización del servicio público y a desincentivar a los empleados de carrera honestos en su búsqueda de crecimiento profesional y laboral en el gobierno. Es nombrar, en múltiples ocasiones, a personas sin la preparación académica y experiencia necesaria para servir al país que provocan pleitos y litigios por las impugnaciones planteadas por los empleados discriminados.
Necesitamos nuevos paradigmas en el servicio público, en la administración gubernamental, erradicar el discrimen, acabar con esta nefasta acción de “atornillar” batatas políticas y respetar y promover por fin el principio de mérito.