Vivimos tiempos difíciles con relación al medioambiente y la crisis climática que azota al mundo. Altas temperaturas, fenómenos atmosféricos que afectan múltiples países, la erosión constante de las costas alrededor del planeta, incluyendo a nuestra isla. Además de esos graves problemas, tenemos el conjunto de personas que a estas alturas niegan la existencia del problema en un cuestionable y pernicioso fanatismo. Por otro lado, tenemos gobiernos sin ningún tipo de conciencia ambiental y de futuro, que no les importa el problema o que protegen a grandes intereses y a empresas multinacionales.
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El ámbito de producción de energía es crucial en este problema. La promoción y el desarrollo de energía renovable es un imperativo ambiental, moral y social. Puerto Rico no puede estar exento de ello, no podemos olvidar que la Ley 82-2010, sobre diversificación energética, establece “estimular la actividad de generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable sostenible…”, fijando metas de cumplimiento, en aras de que al 2050 la producción energética sea 100% renovable.
De igual forma, es ley, es política pública, es consenso social y justicia comunitaria y ambiental “eliminar el uso del carbón como fuente de generación de energía no más tarde del 1 de enero de 2028″ (Ley 17 -2019).
Es contrario a lo antes expresado la reciente posición del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y del gobierno entrante de hablar de diversificar las fuentes energéticas dejando la planta de carbón y ampliando el uso de gas fósil (mal llamado gas natural). Esta postura del nuevo gobierno nos aleja de las fuentes de energía renovable y del cumplimiento con las leyes.
Es, además, una traición al país, a la protección ambiental, a la tendencia mundial hacia la energía renovable, a la lucha contra la crisis climática. Es premiar una empresa que de manera constante ha maltratado, golpeado a miles de puertorriqueños con crímenes ambientales y sus malditas cenizas tóxicas. Es no tomar en consideración las personas que se enferman y que mueren cada año por culpa de la planta de carbón de AES. No les importa la vida de la gente, en particular las comunidades de Miramar, Puente de Jobos y Santa Ana de Guayama, que son las comunidades más cercanas a la planta de AES, ni la de los luchadores en defensa del ambiente que han batallado por años contra esta empresa contaminante.