El Partido Nuevo Progresista (PNP) ganó cómodamente las elecciones del pasado mes de noviembre, y no me refiero solamente a la gobernación, sino que también logró controlar el Senado y la Cámara de Representantes. Al final del escrutinio general, la gobernadora Jenniffer González Colón no prevaleció por 6%; su triunfo fue mayor, ganó con 10% de ventaja. Con esto, González Colón se convierte en la segunda gobernadora con mayor margen de victoria en lo que va de siglo, siendo superada solo por Luis Fortuño, quien a su vez superó a Aníbal Acevedo Vilá por 12%. La ventaja de los demás en las elecciones del año 2000 para acá han fluctuado entre el .5% y 3%.
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Por otro lado, en el Senado lograron 19 escaños, de 27. No obstante, al activarse la Ley de Minorías, se añade un escaño, por lo que son 28. El PNP tiene el 68% de los escaños senatoriales. En el lado de la Cámara de Representantes el partido estadista obtuvo 36 de 51 escaños. Al igual que en el Senado, se añadieron escaños (dos), por lo que la composición será de 53 representantes. El PNP obtiene también el 68% de legisladores en la cámara baja.
Se supone que el PNP no tenga excusas para cumplir lo que prometió. No obstante, escuchar a la gobernadora indicar que encontró la situación energética peor de lo que imaginaba pareció un déjà vu. No ha habido gobernador en los pasados 24 años que no haya utilizado la estrategia de decir que encontró la situación “peor de lo que me imaginaba” para bajar las expectativas de su propia administración e ir preparando a la ciudadanía para incumplir algunas promesas. No estoy diciendo que sea el caso de González Colón porque apenas lleva una semana en el poder y su administración realmente ni ha comenzado. Este próximo año, como en todas las administraciones, es para caer en tiempo y espacio, que los nuevos jefes de agencia se acomoden, conozcan y se adapten. Son muy pocas cosas las que se pueden hacer en un año que tenga efecto directo en la ciudadanía, cuando es beneficio de esta.
Tenemos muchos problemas que nos afectan, pero el desarrollo económico tiene que ser el principal. Sin dinero no podemos atender apropiadamente ningún problema. Obviamente, la infraestructura energética es medular en esa búsqueda de mejorar la economía. La primera mandataria ha dado señales, posterior a su juramentación, de que la salida de LUMA Energy no hay quién la despinte. El pasado viernes dijo en NotiUno 630: “Ellos saben lo que les espera”, en referencia a que su administración cancelará el contrato. Yo, hasta que no lo vea, no me atrevo a decir que eso es lo que pasará. Ahora bien, dicha cancelación, si de verdad se da, será el principal dolor de cabeza de la administración González Colón. Jenniffer González no vino para estar un cuatrienio y buscará revalidar en 2028. LUMA pareciera estar dispuesto a dar una batalla legal y eso puede tomar años. ¿Qué ocurrirá si se inicia el proceso para desplazar a LUMA? Creo que, con un sistema frágil, la inestabilidad entre la gerencia de LUMA y el gobierno redundaría en un caos. Son las cosas que traen las incertidumbres.
Cuando uno mira el comportamiento de LUMA en los pasados tres años, tiene que concluir que la misma empresa se ubicó donde está, más por sus actitudes que por los fallos del propio sistema. La ciudadanía sabe que el sistema está comprometido, pero LUMA no tuvo tacto alguno con los abonados. Nadie confía en ellos y tienen un caótico problema de credibilidad. Pedro Pierluisi caminó de la mano de LUMA por terreno minado, tirando sus pasitos de baile y, el 2 de junio pasado, le explotó la mina debajo de sus pies. Se acabó el baile. González Colón lo sabe y no creo que vaya a cometer el mismo error. Su problema es que la inestabilidad gerencial del sistema puede traer también mayor inestabilidad en el sistema energético y, al final, a quien más le puede costar es a ella porque el gobernador siempre será el responsable. Esto es como cuando un animal salvaje está comiendo su presa y llega otro a intentar arrebatársela.
De otra parte, una reforma contributiva de verdad es indispensable para que el pueblo tenga un alivio. Mirando los estados de la nación, entre todas las jurisdicciones, el impuesto a la venta fluctúa entre 0% (hay estados que no cobran ese impuesto) hasta 9.56% (Luisiana). En Puerto Rico, tenemos 11.5%. Somos la jurisdicción más alta. Encima de eso, también pagamos contribución sobre ingresos cada 15 de abril. Es un sistema contributivo abusivo. Eliminar esta última contribución y aumentar el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) debe ser la ruta. ¿Cómo atender la regresión? Hay maneras.
Poniendo al país en una mejor condición económica, el estado puede tener mejores recursos para reforzar otras áreas que también requieren urgencia, como lo es la salud, la educación y la seguridad. Nuevamente, el pueblo le dio banquete total en las dos ramas de gobierno al PNP. Ahí lo tienen, ahora no hay excusas. ¡A trabajar!