Una de las crisis más grandes en Puerto Rico es la de confianza. Esa afecta a muchas instituciones; especialmente, al gobierno. Por eso, la reciente controversia en torno a la orden ejecutiva emitida por el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es tan dañina. Nadie cree el cuento de que, como un billete de veinte en la acera de un parque público, el nuevo vigilante de nuestros recursos naturales encontró el documento al llegar por primera vez a su nueva oficina. En un momento en que Puerto Rico enfrenta enormes desafíos sociales y económicos, este tipo de actuación, que en este caso beneficia directamente la familia de la gobernadora, mina la ya frágil confianza de los ciudadanos en sus instituciones gubernamentales.
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La percepción de que las decisiones gubernamentales responden a intereses particulares y no al bienestar colectivo es uno de los principales factores que alimenta la desconfianza en el gobierno. Cada escándalo, cada orden ejecutiva cuestionable y cada conflicto de interés no atendido se convierten en una herida abierta que aleja a la gente de la participación cívica. La confianza es un recurso fundamental en cualquier democracia y, cuando se quiebra, el impacto es profundo y duradero.
El pueblo de Puerto Rico ha sido testigo, una y otra vez, de cómo los intereses privados parecen prevalecer sobre el bien común. Desde contratos otorgados sin transparencia hasta decisiones que favorecen allegados al poder, estas acciones perpetúan la narrativa de un gobierno desconectado de las necesidades reales del país. Esta percepción no solo afecta la imagen de quienes gobiernan hoy, sino que también desincentiva la confianza en futuras administraciones.
Si los líderes políticos aspiran a recuperar la confianza del pueblo, deben actuar con firmeza y responsabilidad. En este caso, el Senado de Puerto Rico tiene la responsabilidad de utilizar el proceso de confirmación de este nominado para corregir esta nefasta acción.
Dije “corregir la acción porque me parece que, con sus actos, el nominado se descalifica automáticamente para el puesto. Es momento de poner fin a la cultura del privilegio y devolverle a las instituciones su verdadera función: servir al interés público.
La ciudadanía exige un gobierno que rinda cuentas, que sea ético y que ponga al pueblo primero. Mientras esto no ocurra, la desconfianza seguirá siendo el precio más alto que pagamos todos.