El tema obligado que nos ocupa esta semana es la inmigración. Podríamos centrarnos fácilmente en el fin de las protecciones contra el discrimen de la era de los derechos civiles, el silenciamiento de los principales departamentos de salud y seguridad, o incluso los indultos de los acusados por los sucesos del 6 de enero de 2021, pero atendemos el tema con mayor impacto a nivel local por la gran cantidad de inmigrantes que conviven en nuestra isla.
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¿Qué es exactamente lo que Donald Trump y su administración han hecho en torno a la inmigración? Aquí, un resumen:
- Cerró efectivamente la frontera sur a los que buscan asilo, incluida la cancelación de vuelos de refugiados desde lugares como Afganistán, desde donde miles han estado tratando de llegar a Estados Unidos después de ayudar a nuestras tropas, muchos con la esperanza de reunirse con familiares que ya están aquí.
- Amplió el alcance de varios reglamentos que permiten que las personas sean deportadas con poco proceso administrativo, desde aquellos cerca de la frontera que han cruzado recientemente, hasta cualquier persona indocumentada en cualquier lugar de los Estados Unidos que haya llegado en los últimos dos años, sin necesidad de antecedentes penales.
- Puso fin a las prohibiciones contra las redadas de inmigrantes en iglesias, escuelas y otros lugares “sagrados” que antes servían de refugio seguro para los inmigrantes.
- Ordenó el despliegue de militares en servicio activo a la frontera. Hasta 10,000 miembros de las fuerzas militares pueden ser enviados a la frontera sur y otros puntos de entrada, aunque sus funciones exactas siguen sin estar claras.
- Intentó acabar con la ciudadanía por nacimiento, que está protegida bajo la Constitución, orden que ya fue impugnada y paralizada, aunque temporalmente, por un tribunal federal.
- El miércoles, el Congreso aprobó la Ley Laken Riley, por lo que es probable que llegue pronto al escritorio de Trump, la cual requeriría que las personas acusadas —ni siquiera condenadas— de robo y otros delitos menores sean mantenidas en detención, lo que aumentaría enormemente el número de personas detenidas y plantearía algunas preocupaciones serias sobre el debido proceso de ley.
Esos, a grandes rasgos, son lo que el equipo del presidente Trump considera grandes logros de las primeras 100 horas de su presidencia en el tema de inmigración. Pero hay más, como poner fin a los esfuerzos para reunificar a los niños separados de sus familias durante el primer mandato de Trump.
Además, está el ataque de Trump a aquellas ciudades que se conocen hoy día como las “ciudades santuario”, que probablemente se dirija en gran medida a California, y a Los Ángeles en particular. De hecho, una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump incluía un lenguaje que disponía lo siguiente: “para garantizar que las llamadas jurisdicciones ‘santuario’, que buscan interferir con el ejercicio legal de las operaciones federales de aplicación de la ley, no reciban acceso a fondos federales”.
La orden fue seguida por un memorando del nuevo Departamento de Justicia de Trump, que instruye a sus fiscales a buscar “actores estatales y locales” que puedan estar “resistiendo, obstruyendo o incumpliendo con las órdenes y solicitudes legales en cuanto al tema de inmigración”.
El memorando del secretario de Justicia también instruye que los federales “trabajarán con el recién establecido Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley de Ciudades Santuario dentro de la Oficina del Secretario de Justicia Adjunto para identificar las leyes estatales y locales, las políticas y las actividades que son inconsistentes con las iniciativas de inmigración del poder ejecutivo y, cuando corresponda, tomar medidas legales para impugnar dichas leyes”.
Todo eso, en conjunto, pinta una imagen bastante clara de que estados y territorios como California, tras los fuegos y, Puerto Rico, por la naturaleza de su presupuesto, que necesitan desesperadamente fondos federales, van a ser un objetivo para estos esfuerzos. La pregunta es hasta dónde llegará todo esto.
¿Podríamos ver a funcionarios estatales arrestados por no entregar los nombres de personas indocumentadas que han buscado algún tipo de ayuda del estado, ciudad o municipio? ¿Podría un superintendente escolar ser arrestado por hacer cumplir las leyes y políticas estatales y locales que prohíben a los oficiales de inmigración ingresar a las escuelas? ¿Podría un sacerdote o pastor ser arrestado por conceder santuario?
En teoría, la respuesta a todas esas preguntas es sí; sin embargo, los expertos estiman que estos escenarios son poco probables. Aún así, estas son amenazas que no se pueden ignorar. Especialmente desde que el propio Trump les dio seguimiento en una conferencia de prensa reciente. Al hablar sobre la ayuda a estados que han sido impactados por fenómenos naturales, Trump específicamente, una vez más, prometió utilizar la disponibilidad de los fondos federales para forzar la cooperación en implementar su agenda en cuanto a la inmigración.
Así que, tal vez, no sean necesarios los arrestos de los funcionarios locales. Tal vez, las amenazas sean suficientes para hacer que las “ciudades santuario” al menos se mantengan al margen, sin resistir ni obstruir, mientras Trump y sus tropas hacen lo que les plazca en las comunidades de inmigrantes.
Tal vez, nos veamos obligados a elegir qué desesperación importa más: la difícil situación de nuestros vecinos indocumentados o nuestras víctimas de incendios, huracanes, terremotos y tornados.
O, tal vez, nos neguemos a elegir, nos neguemos a poner una gran necesidad por encima de la otra y tomemos el camino más difícil, uno en el que el dolor no sea una palanca que se use para dividirnos, sino un punto en común en el que luchamos juntos. Queda por verse entonces, más allá del resultado de la elección, hacia donde se vuelca la mayoría en estos temas que tocan o, mejor dicho, trastocan la fibra de la nación.