El Instituto de Cultura vuelve a estar en boca de todos.
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En esta ocasión por la radicación de un proyecto de ley de la autoría del presidente senatorial que busca enmendar la eliminación de la estructura que conocemos hoy para sustituirla por un “área especializada dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que asumirá las funciones culturales esenciales definidas por esta Ley”.
De entrada, dentro del mundo cultural –cosa que incluye al actual director- hay oposición a la medida. Por las conversaciones sostenidas con algunas de esas voces para las piezas periodísticas que he trabajado en los pasados días, la oposición viene anclada en múltiples dudas sobre como quedará la estructura final, cuáles serán esas funciones culturales “esenciales” que asumirá bajo Desarrollo económico y a cuales –si alguna- renunciará en el proceso. Las dudas también se anclan en varias de las premisas que piensan están implícitas en la medida. Entre ellas, la ineficiencia de acuerdo a los retos de los tiempos.
Si bien muchos conceden que la estructura no es perfecta, también denuncian que la falta de eficiencia que se le denuncia es el resultado de una reducción constante de los recursos del Instituto. Según recordaba el actual director, desde la llegada de la Junta de Control Fiscal se le ha recortado a la dependencia el 90% de su presupuesto. Incluso antes de la llegada de PROMESA, bajo el gobernador Alejandro García Padilla se le había metido la mano en el bolsillo para quitarle $16 millones de sus arcas que habían sido utilizados para el pago de deuda, según el jefe del Instituto. Desde que se dieron los reportes, el presupuesto para la restauración, mantenimiento y conservación de estructuras históricas ha ido en deterioro. ¿Podrá el Instituto bajo el DEC atender adecuadamente esas responsabilidades si no se le asignan más fondos? Esa es una de las preguntas cuya respuesta queda pendiente.
Otra de las dudas levantadas gira en torno al futuro del poder fiscalizador del Instituto a la hora de recomendar o no la otorgación de permisos de construcción o modificaciones arquitectónicas. Ya con los recursos diezmados del ICP su capacidad de proteger el patrimonio del país en áreas protegidas como el viejo San Juan se ha visto insuficiente. Al punto de vecino de la ciudad antigua denuncian las alegadas “barbaridades” que se hacen al interior de estructuras antiguas, con la realización de modificaciones desde la absoluta modernidad alterando los rasgos propios de la zona colonial sin que la agencia cuente con los recursos de fiscalización adecuados. Si ese poder se reforzará desde la nueva estructura o, si, por lo contrario, se “aguará” aún más, es otra de esas preguntas que los grupos de defensa cultural han levantado.
Por otro lado, también se ha levantado la bandera de la duda sobre el futuro de las 39 propiedades del ICP entre las que destacan el Museo Casa Blanca, el Fortín Conde de Mirasol en Vieques, el Museo de la Masacre de Ponce o la propia sede de la institución. Ya en 2016 ese mismo edificio casi fue arrendado por 40 años para que se convirtiera en hotel. Si bien ese tipo de uso tiene múltiples opositores, el Senado considera el alquiler como parte de la nueva política pública según me expresara el lunes en Radio isla 1320 el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos.
A todo lo anterior, se suman la preocupación ante el historial de posturas públicas que le adjudican al partido de gobierno y que, según denuncian, se ha destacado por la oposición a la existencia misma de la institución. Según contaba el propio fundador del Instituto, Ricardo Alegría, en una entrevista realizada en 2016 por la colega Nydia Bauzá, el Instituto casi muere antes de nacer. “Hubo oposición”, recordaba. En aquella conversación decía: “Uno de los líderes anexionistas más grandes de Puerto Rico que estaba en la Asamblea Legislativa decía que él votaría (a favor de la medida que creaba al Instituto) si le cambiaban el nombre a ‘Instituto Puertorriqueño de Cultura’. Pero eso de ‘cultura puertorriqueña’, que qué era eso. Hay un grupo de personas en Puerto Rico, a mi juicio equivocada, que el ideal de integración –que yo se los respeto- …que mientras Estados Unidos nos vea como una cultura distinta jamás aceptara esa situación. Y por esa razón se oponen a todos los esfuerzos que hacemos”. El partido de gobierno ha negado animosidad ideológica contra la institución.
Unos y otros apuestan a que el proceso de vistas públicas que se ha anunciado servirá como prueba de intenciones. El Senado, para demostrar que las reformas propuestas no cargan ánimo de destrucción. Los opositores, para que se les demuestre que ese es el caso.
A fin de cuentas, ojalá que lo que se avecine sea un proceso honesto y bienintencionado. Que cargue como prioridad mantener viva y eficiente una estructura que defienda y promueva la cultura puertorriqueña sin alteraciones que le dejen debilitada. Con un Instituto fortalecido ganamos todos. Porque todos, sin importar lineamientos políticos o extracción ideológica somos, indudablemente, puertorriqueños primero.