El anuncio reciente de la política energética por parte de Donald Trump plantea importantes implicaciones para el desarrollo y transformación de la política energética en Puerto Rico. Esta orden ejecutiva enfatiza la necesidad de asegurar un suministro de energía confiable, diversificado y asequible como pilar para la seguridad económica y nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, al analizar esta política bajo el contexto de la realidad energética de Puerto Rico, marcada por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la necesidad de modernizar su precaria red eléctrica, surgen numerosos desafíos y oportunidades que deben ser evaluados cuidadosamente.
PUBLICIDAD
Puerto Rico enfrenta una crisis energética sin precedentes. La AEE no solo se encuentra en bancarrota, sino que también ha luchado por rehabilitar una infraestructura envejecida y vulnerable. Estas limitaciones han resultado en un sistema eléctrico caracterizado por apagones frecuentes, altos costos para los consumidores y un acceso desigual a energía confiable, lo que afecta tanto a los hogares como a los sectores productivos de la isla.
La política energética de Trump, con un enfoque marcado en la expansión de la capacidad de producción, transporte y refinación de energía dentro de los Estados Unidos, va a tener implicaciones directas en cómo se gestiona el sistema eléctrico de Puerto Rico. El énfasis en el desarrollo de recursos domésticos y la incentivación de proyectos de infraestructura energética crítica van a representar una oportunidad para canalizar aún más recursos hacia la reconstrucción y transformación de la red eléctrica de la isla.
Uno de los puntos clave de la política energética de Trump es el llamado a una mayor flexibilidad en las regulaciones ambientales, lo que podría allanar el camino para una facilitación más expedita del proceso de reconstrucción y modernización de la infraestructura eléctrica en Puerto Rico. Asimismo, los incentivos fiscales propuestos por el gobierno federal podrían ser un catalizador para atraer inversión y avanzar hacia una transición energética más sostenible y diversificada.
Enmarcados y guiados por esta nueva política del gobierno federal, debemos adelantar un plan de trabajo que tenga los siguientes puntos como prioridad: (1) el fin de la quiebra de la AEE; (2) la estabilización inicial como clave estratégica; (3) Reformulación de los modelos operativos y gerenciales; (4) Resolución de riesgos económicos y estrategias de financiamiento.
La situación crítica de la red eléctrica en Puerto Rico exige un enfoque prioritario en la estabilización inicial para prevenir un colapso a corto plazo. Implementar medidas correctivas inmediatas que fortalezcan la estructura actual es esencial para garantizar una operación confiable durante los próximos años. Antes de avanzar con proyectos más ambiciosos, es imprescindible establecer una base sólida sobre la cual construir un sistema energético funcional y eficiente. Este enfoque permitirá generar confianza en los consumidores y sentar las bases para el futuro desarrollo. Para ello, hay que acabar con el proceso de quiebra. La gobernadora hablaba con mucha fuerza y determinación durante su campaña de que ella tenía un plan para acabar con la quiebra del país mediante el pago a los acreedores de una cantidad de dinero en caja. No hemos visto movimiento alguno en esa dirección por su administración, ni un intento de explicarle al país cuál es su propuesta para acabar con la quiebra de la AEE.
Los acuerdos de operación y mantenimiento (O&M) bajo la gestión de LUMA son deficientes. LUMA tiene que irse. Ante el incumplimiento, debió establecerse con claridad el camino para cancelar el contrato y ya tener preparadas alternativas de gestión para optimizar el sistema eléctrico en beneficio de la población. Simultáneamente, está pasada la hora de haber atendido el conflicto craso existente de New Fortress y su clara insuficiencia financiera. En estos asuntos, la administración de la gobernadora sigue dando pasos para atrás y adelante, sin un rumbo claro más allá del nombramiento del zar, cuya legislación al presente no se ha aprobado.
Por último, el aumento en las tarifas eléctricas y la inestabilidad han incentivado que la gente abandone la red eléctrica, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Hay que tomar control mediante regulación clara y específica del Negociado de Energía de Puerto Rico para que se produzca un equilibrio entre incentivos para generación distribuida y la estabilidad económica. Esto es vital para evitar impactos negativos de largo plazo. Asimismo, es urgente que, como principal punto de agenda, se encuentren las inversiones que aseguren beneficios rápidos y tangibles.
En última instancia, el éxito del proceso de transformación energética en Puerto Rico dependerá no solo de políticas gubernamentales efectivas, sino también de un compromiso firme por parte de todos los actores involucrados para trabajar juntos hacia un futuro energético realista y sostenible para la isla, que comienza con finiquitar el acuerdo de la quiebra de la AEE ante el tribunal federal.
La colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil es fundamental para lograr este objetivo y construir una red eléctrica más resiliente, eficiente y equitativa para todos los puertorriqueños. Incluso en medio de la crisis actual, hay posibilidades reales para transformar el panorama energético de Puerto Rico y avanzar hacia un futuro más sostenible. No obstante, se requiere un esfuerzo coordinado e integral que priorice la estabilidad financiera, la eficiencia operativa y la transparencia en la toma de decisiones para lograr un cambio real y duradero. El camino por seguir será desafiante, pero con una visión clara y colaboración efectiva, Puerto Rico puede liderar el camino hacia una transición energética exitosa y sostenible.
¡Adelante, con fe!