Con fecha del 31 de enero de 2025, se sometió en el Congreso de los Estados Unidos el Proyecto de la Cámara HR-899(R-Thomas Massie), que impulsa la eliminación del Departamento de Educación federal. Este proyecto, que cuenta con la coautoría de al menos 27 congresistas, es parte de las promesas de campaña de la administración Trump, que busca un recorte masivo en el gasto de gobierno. De convertirse en ley este proyecto, todo apunta a que tendrá un efecto de consecuencias terribles para la educación pública en Puerto Rico, donde el 58% del presupuesto consolidado de la agencia proviene de fondos federales.
El Departamento de Educación federal fue creado en 1979 bajo la administración de Jimmy Carter y, según la agencia, tiene entre varias de sus funciones las siguientes: establecer políticas públicas sobre ayuda financiera federal para la educación, distribuir y supervisar esos fondos, así como recopilar datos sobre las escuelas de Estados Unidos y sus territorios. Otro de sus propósitos es prohibir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la educación tomando en cuenta a los grupos minoritarios en los EE. UU.
Programas como Título 1, dirigidos a estudiantes con familias de bajos ingresos; Título 2, para la capacitación de maestros; las Becas Pell; Préstamos Estudiantiles; la ley IDEA, para garantizar el acceso a una educación a nuestros estudiantes de educación especial, entre otros, son parte de los programas que tiene a cargo el Departamento de Educación federal, donde la ley ESEA(1965) es uno de los pilares del financiamiento federal junto a otras leyes. Según los objetivos programáticos de MAGA (’Make America Great Again’), tienen como meta reducir o eliminar los fondos de muchos de estos programas bajo consideraciones que son estrictamente ideológicas y de clase. La magnitud de los cambios esta aún por verse, pero los vientos que soplan auguran un ataque sin precedentes a la educación pública, donde la promesa es fomentar los vales educativos, las escuelas chárter y la eliminación de permanencias al magisterio, entre otros ataques que ya se han mencionado en materia curricular y de autonomía docente. Ni mencionar la amenaza de eliminar fondos a aquellas escuelas que fomenten la educación antirracista y de inclusión.
La imposición de la dictadura de ultra derecha en las escuelas de EE. UU. y Puerto Rico es parte de un ataque a gran escala en contra de la clase trabajadora, donde el proceso de recortes de gastos y reducción de impuestos que persigue la administración Trump, y de la cual la gobernadora actual es partidaria, busca un proceso de redistribución de ingresos hacia el 1% más rico de la sociedad estadounidense a costa de la pobreza de millones de seres humanos.
No es casual que los programas bajo amenaza de recortes, que financian en gran medida la educación en nuestra isla y promueven la llegada de recursos a los sectores de menor ingreso, fueron el producto de las luchas en los años 60 y 70 en los EE. UU., donde destaca el movimiento por los derechos civiles. La consumación del cierre del Departamento de Educación federal es el primer paso en la dirección de desmantelar el sistema de educación pública, eliminar o escamotear las conquistas de la clase trabajadora en los EE. UU. en materia de educación, aumentando consigo la desigualdad y la exclusión. En el caso de Puerto Rico, esto puede implicar el cierre de escuelas, despidos, privatizaciones y eliminación de derechos adquiridos al magisterio puertorriqueño. La magnitud estaría por verse, pero la cosa va en esa dirección.
No obstante, estoy seguro de que este proceso de recortes no vendrá sin lucha y resistencia de parte de quienes defendemos el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para los nuestros. Tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Es preciso prepararnos para lo que se avecina y construir alianzas con los diversos sectores en lucha que defendemos el principal proyecto cultural y de movilidad social que tiene nuestro país. Así como también plantearnos las transformaciones profundas que necesita nuestro modelo educativo para reducir la dependencia de fondos federales y ponerlo al servicio de la gente humilde con una verdadera autonomía escolar. Todos estos cambios serán el producto de la lucha militante en la calle y tenemos la fuerza para lograrlo.
