En tiempos de crisis e incertidumbre, es fundamental la defensa y protección de los derechos humanos. Desde nuestra delegación en la Cámara de Representantes, nos suscribimos al Proyecto de la Cámara 331, que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Esta propuesta de la ACLU fue un trabajo en que las oficinas legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) colaboraron en la investigación, redacción y búsqueda de coautores del proyecto de ley.
PUBLICIDAD
El Proyecto de la Cámara 331 crearía la obligación de desarrollar políticas y protocolos que protejan la información privada de las personas y que prevengan intervenciones de inmigración en violación a los derechos constitucionales.
Las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no son un cheque en blanco para la violación de los derechos fundamentales. La protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda protecciones a los hermanos y hermanas inmigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña. Este proyecto de ley es una propuesta para proteger su vida y sus derechos en sus espacios de convivencia, salud, educación, entre otros.
Como señala la representante Adriana Gutiérrez Colón, dadas las recientes redadas donde fueron detenidas personas sin orden judicial, incluyendo a algunas con estatus migratorio regularizado, e incluso a una mujer puertorriqueña, nos pareció urgente actuar para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que viven en nuestro archipiélago, en especial a las que están en alguna situación de vulnerabilidad, como la niñez y mujeres sobrevivientes de violencia de género. Toda persona debe poder acceder a servicios esenciales como la salud, educación y seguridad sin temor a ser detenido por su color de piel u origen nacional.
Tal como ha expresado la representante Nelie Lebrón Robles, las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de migración, pero no cambiaron protecciones constitucionales ni el no ser arrestado sin una orden judicial. Nuestras comunidades son más prósperas, saludables y seguras si acceden a servicios esenciales y ejercen sus derechos fundamentales sin miedo.