A escasamente un mes desde que juramentara como presidente de los Estados Unidos en un segundo término, los mismos que predijeron que Donald Trump sería un dictador ahora reclaman que ya nos enfrentamos a una “crisis constitucional”. Hasta ahora, las decisiones de Trump pueden organizarse en tres categorías. La mayoría se basan en lo que muchos consideran es una base legal sólida. Otras son legalmente debatibles y a las cuales los tribunales podrían fallar tanto a favor como en contra. Y aun otras parecen estar violando la ley de manera deliberada para provocar casos que irán ante la consideración del Tribunal Supremo para, según la lógica trumpista, restaurar lo que consideran las normas constitucionales correctas. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas decisiones de por sí, tomada por su cuenta, constituye una crisis constitucional.
La primera categoría incluye la decisión de la administración Trump de pausar el gasto discrecional para garantizar que se cumpla con las prioridades del presidente. Los secretarios de Justicia de los estados demócratas entienden que esto es ilegal, y un juez federal les dio la razón. La administración Trump está apelando, y podría argumentarse que los jueces no pueden obligar a un presidente a gastar dinero que el Congreso ha dejado a su discreción.
La mayoría de estos programas de gasto no incluyen plazos concretos para que se concrete el desembolso. Si Trump está violando la ley, también lo hizo la administración Biden, que retrasó el desembolso de subvenciones en virtud del proyecto del Infrastructure Act de 2021 y el Inflation Reduction Act de 2022 para revisar las solicitudes bajo los programas federales que se encaminaron por medio de dichas leyes e imponer condiciones para el desembolso. En cierto sentido, lo que está haciendo Trump no es diferente.
Los sindicatos del gobierno están impugnando las ofertas de cesantía de Trump para los empleados federales con el argumento de que el Congreso no ha aprobado los fondos con los cuales se financiarían los desembolsos de dichas ofertas, pero esto no los hace ilegales per se. Si Trump luego no les paga a estos empleados que aceptaron las ofertas, podrían demandar al gobierno en un tribunal federal.
Una segunda categoría son las decisiones sobre bases legales más debatibles, como el desmantelamiento efectivo de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (US AID, por sus siglas en inglés). El Congreso estableció estas agencias y tendría que actuar para eliminarlas, eso está diametralmente claro. Menos claro está si un presidente puede ordenar a los empleados de estas y otras agencias que dejen de hacer su trabajo.
Muchas de las decisiones de la administración Trump plantean cuestiones jurídicas novedosas. Este grupo también incluye si los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk (DOGE, por sus siglas en inglés) pueden obtener acceso a los sistemas de pago del Tesoro.
Trump está estirando las leyes para ver en cuanto a qué puede salirse con la suya, pero también lo han hecho otros presidentes recientes. Barack Obama promocionó su estrategia de gobernar por decreto. Y como consecuencia, el Tribunal Supremo bloqueó su Clean Power Plan y DAPA, que protegía a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación.
Joe Biden, se puede argumentar, se excedió en su poder al cancelar préstamos estudiantiles, exigir vacunas y prohibir los desalojos, entre otras decisiones que podrían ser categorizadas como extralimitaciones. Después de que el Tribunal Supremo bloqueara la su primera cancelación de préstamos, decidió seguir adelante y utilizando otros medios que podrían considerarse ilegales.
La tercera categoría de acciones de Trump son claras violaciones de la ley actual con el objetivo de generar controversias que estén maduras para consideración por parte del Tribunal Supremo. Esto incluye su orden que prohíbe la ciudadanía por nacimiento, y otra mediante la cual despidió a un miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés). Trump cree que ganará en ambos temas porque cree que las determinaciones del Tribunal Supremo en casos previos en que se dilucidaban estas mismas controversias fueron erróneas.
Trump puede estar equivocado, y personalmente pienso que en muchos de estos asuntos lo está, pero eso no implica que, al momento, estamos ante una crisis constitucional. Los liberales están criticando un reciente tuit de JD Vance de que “a los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo”. Pero incluso los jueces liberales están de acuerdo con esto en principio, ya que reconocen la separación de los poderes constitucionales.
La verdadera crisis vendría si Trump desafía un fallo del Tribunal Supremo o encamina de alguna forma la remoción de jueces de los tribunales federales. Si eso sucede, —y podría suceder, ya que por lo que hemos visto en estos 30 días, nada está descartado en esta segunda administración Trump— la izquierda puede desear no haber perdido su credibilidad argumentando precipitadamente sobre crisis que aún no existe en definitivo.
