Uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de gobierno es el principio de pesos y contrapesos, un mecanismo que evita la concentración excesiva de poder y garantiza la rendición de cuentas. En Puerto Rico, la Constitución otorga al Senado un rol crucial en este balance: la facultad de confirmar o rechazar los nominados de la gobernadora a posiciones clave del gobierno. Este no es un trámite administrativo ni un proceso proforma; es una responsabilidad constitucional que debe ejercerse con rigor y transparencia.
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La confirmación de nominados no debe convertirse en un mero acto de complacencia. Cada designado tendrá en sus manos decisiones que impactan la vida de los ciudadanos, desde la seguridad pública hasta la administración de la justicia, la educación y la salud. Por eso, el Senado tiene la obligación de evaluar a fondo sus credenciales, trayectoria y visión para la agencia o entidad que aspiran dirigir.
El mecanismo correcto para este proceso es la celebración de vistas de confirmación, donde los senadores puedan interrogar a los nominados, conocer sus planes y evaluar su idoneidad para el cargo. Estos espacios permiten no solo escrutar la preparación de cada funcionario, sino también garantizar que el país tenga líderes competentes y comprometidos con el bienestar de la gente.
El Senado no puede ni debe renunciar a este rol. La prisa o la presión política nunca deben sustituir el análisis responsable.