Si hacemos caso a las señales, no se puede sino concluir que el asunto tiene que ser discutido de manera seria. Incluso con la humildad de reconocer un error y enmendarlo, si fuera el caso.
Hablo de la flexibilización del proceso para obtener armas de fuego de manera legal en la isla. Las enmiendas, aprobadas en 2019, fueron motivadas por el deseo de reducir los costos para obtener una licencia de arma de fuego y un alegado problema para que personas respetuosas de la ley obtuvieran acceso a la portación de armas de fuego. Se argumentó entonces que un mayor acceso a armas de este tipo podría convertirse en una herramienta efectiva para que los ciudadanos se defendieran de los criminales.
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Sin embargo, tanto el pasado jefe de la policía Antonio López como múltiples voces de la uniformada –algunos por lo alto y otros por lo bajo- han apuntado públicamente a que algunas de las enmiendas impulsadas parecen haber creado un problema en lugar de erradicarlo. En concreto, el fenómeno de los feminicidios a punta de pistolas. Pistolas con licencia, para ser exactos.
En los primeros dos meses de 2025 se reportaron 4 feminicidios. En los cuatro las mujeres fueron asesinadas con armas legales. Esas cifras no habían tenido lugar antes de 2019 según el Instituto de Estadísticas y el Observatorio de Equidad de Género. Hasta entonces los perpetradores usaban armas blancas o recurrían al estrangulamiento. En 2021, por ejemplo, el 1% de los feminicidios íntimos fue realizado con armas de fuego. En 2022 el por ciento aumentó a 77 y en 2023 la cifra se elevó a 87%. ¿Se trata de casualidad o en efecto hay un problema que atender? Como ya hemos explorado desde esta esquina, los proponentes de una nueva revisión a la Ley argumentan que bajo el pretexto de hacer más fácil a personas sin expediente delictivo el acceso a armas, se perdió de perspectiva que existen individuos que aunque no hayan violado la ley, no son personas aptas para estar armadas. Individuos violentos que no han delinquido aun o personas con condiciones de salud mental que les inhabilitan. Pero el Estado cedió sus herramientas de identificación de estos casos. Antes de las enmiendas, para poder obtener una licencia de para el uso de arma de fuego se exigían como requisito presentar referencias personales. En concreto, una declaración jurada de tres personas que atestiguaran que el solicitante gozaba de buena reputación. De igual manera, debían someterse a entrevistas personales con agentes de la policía. El proceso ahora se enfoca en la verificación de antecedentes penales. El problema, según grupos como el Observatorio de Equidad de Género y voces de la policía, es que el no tener antecedentes no es el equivalente a ser apto para portar armas de fuego.
Ante las cifras de muertes de mujeres con armas de fuego legales y con licencia, el llamado de estos grupos es a la realización de una revisión honesta que permita retomar algunos de los requisitos de otorgación previos. Y la verdad es que, ¿Por qué no debería llevarse el asunto a la mesa de discusión? Desde este oficio ha sido común acudir a escenas de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas para descubrir que los perpetradores, aun cuando no tenían certificados de antecedentes penales y poseían armas legales, eran percibidos como individuos violentos o emocionalmente inestables. Un asunto que habría sido fácilmente verificable en el proceso de entrevistas. Las estadísticas parecerían traer los suficientes elementos como para que lo solicitado sea tomado en serio. Tan en serio como las vidas de las mujeres que siguen muriendo a un ritmo que aún hoy parece imparable. Mirémoslo todo de manera honesta no sea que el remedio haya sido peor que la enfermedad.
