En Puerto Rico, los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) desempeñan un papel clave en el sistema de salud. Sin embargo, más allá de su función técnica de negociar precios para medicamentos y gestionar beneficios farmacéuticos, su operación está bajo creciente escrutinio público y legal. Abarca Health, una de las principales empresas PBM en la isla, ha enfrentado serias acusaciones de prácticas monopólicas que podrían estar afectando tanto a las farmacias de comunidad como a los pacientes.
Abarca Health y las acusaciones de prácticas monopolísticas
Según la información provista, Abarca Health, PMB controla aproximadamente el 80% de los servicios de administración de beneficios de farmacia en la isla. En los años recientes, grupos como la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (Coopharma) han denunciado a Abarca por utilizar su poder en el mercado para imponer términos de contratos unilaterales a las farmacias de comunidad.
Desde al menos 2018, las denuncias contra esta empresa han señalado prácticas alegadamente “devastadoras” para las farmacias locales. Dichas prácticas incluyen pagos insuficientes por los medicamentos recetados, establecidos a un costo tan bajo que resultan insostenibles incluso para cubrir el precio básico de los productos.
Prácticas engañosas denunciadas
El Departamento de Justicia, a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), presentó, en 2022, una querella formal contra Abarca Health por prácticas presuntamente engañosas. Entre las acusaciones más destacadas, se incluye la falsificación de un “análisis de mercado” que justificaba tarifas revisadas para las farmacias. Este cambio de tarifas, alegadamente impuesto unilateralmente, afectó directamente las operaciones de muchas farmacias y encareció medicamentos para los pacientes locales.
Negligencia por parte del Departamento de Justicia
Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló en contra de la OAM en el caso presentado contra Abarca Health, indicando que la acción administrativa fue radicada fuera de los términos establecidos. Según la decisión mayoritaria, la OAM tenía desde el 21 de septiembre de 2018 para presentar la querella, pero al hacerlo el 9 de diciembre de 2022, la misma fue desestimada por prescripción. Esta determinación no abordó los señalamientos relacionados con las alegadas prácticas injustas y engañosas por parte de Abarca, limitándose únicamente a la desestimación de las alegaciones por prescripción.
Lo anterior pone de manifiesto la precariedad de recursos con las que se ha dotado a la OAM, ente importantísimo para preservar en Puerto Rico los fundamentos del libre mercado, que no tan solo se nutre de la intervención mínima del estado en la regulación de la economía, sino del velar porque exista libre competencia entre los actores y no se creen monopolios que impidan el libre mercado por el poder absoluto que ejercen sobre el mismo. Como resultado de los pobres recursos asignados a esta importantísima oficina en el Departamento de Justicia, las farmacias de la comunidad continuarán sufriendo las desventajas que enfrentan debido a la falta de regulación de los PBM y el monopolio existente en este mercado, el cual afecta primordialmente a nuestras familias y adultos mayores. La situación subraya la importancia de que se logre finalmente implementar la Ley 89 de 2019, que buscaba regular estas entidades y que fue impugnada por la Junta de Supervisión Fiscal en el tribunal federal.
Regulación y transparencia como solución
Mientras tanto, otros estados de EE. UU. ya han introducido vías regulatorias para controlar las operaciones de los PBM, aumentando la transparencia y protegiendo a farmacias y pacientes. Un ejemplo exitoso es la Sección 6005 de la Ley de Cuidado Asequible (ACA), que exige reportes detallados sobre precios, descuentos y transacciones entre los PBM y fabricantes. Puerto Rico, sin embargo, no está sujeto a estas disposiciones debido a su clasificación territorial bajo esta ley.
¿Hacia Dónde Vamos?
El caso de Abarca Health subraya un vacío regulador que necesita atención inmediata. Sin supervisión efectiva, los PBM tienen el potencial de monopolizar el acceso a medicamentos y perjudicar a miles de pacientes, incluso poniendo en riesgo la sostenibilidad de las farmacias de comunidad.
Puerto Rico no solo necesita leyes que promuevan transparencia; también requiere estrategias proactivas que impulsen la competencia y reviertan el control desmedido de un solo actor. Valdría la pena iniciar un diálogo entre los principales actores de este segmento del mercado para discutir la posibilidad de diseñar un modelo criollo que atienda de manera puntual las necesidades locales. Se ha podido hacer en otros renglones, no me cabe la menor duda que pueda lograrse en este.
¡Adelante, con fe!
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