Todos hablan de las imágenes. Una mujer fue intervenida por un agente de la Policía, quien le disparó en más de una ocasión con un ‘taser’.
La viralidad del asunto pronto consiguió que la situación lograra atención mediática, se anunciara una investigación administrativa, para determinar si el agente hizo uso excesivo de fuerza, y la Comisión de Seguridad del Senado mostrara interés en analizar el protocolo de activación de esa herramienta. Pero todo lo anterior es solo la punta del iceberg que ha destapado este asunto.
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Sucede que el incidente con la mujer y la consabida intervención policíaca se suscitan como consecuencia de un problema que vecinos y comerciantes del sector donde ocurrieron los hechos vienen denunciando a la Policía desde el pasado año. Según estos, el estacionamiento de tres negocios que ubican frente a un dispensario de cannabis se ha convertido en tierra de nadie. El asunto que denuncian es el siguiente: el dispensario se encuentra al cruzar la calle, frente al lugar de los hechos. Ese dispensario tiene asignado, según los denunciantes, un estacionamiento dentro del centro comercial en el que ubica. Sin embargo, muchos de sus clientes prefieren estacionarse en el aparcamiento asignado a un restaurante chino, una peluquería y tiendas de ropa, lo que supone una violación a la ley.
Pero ese no es el único problema. Según me denunciaron ayer en Telenoticias, muchos de los clientes –algunos de los cuales acuden al dispensario diariamente– compran el cannabis (que se supone que sea medicinal), cruzan la calle y se van al estacionamiento a fumar lo que compraron, beber alcohol y formar garatas. Una fiesta en plena zona comercial.
Pero aunque los comerciantes aseguran haber solicitado amablemente, a los administradores del negocio, que intervengan, la intervención no solo no se produce, sino que los altercados con los “pacientes” son constantes. De hecho, el pasado mes de septiembre, dos mujeres, alegadamente clientas del dispensario de cannabis medicinal, se enfrascaron en una pelea con arma blanca incluida; un asunto que aún está en los tribunales.
Para los vecinos y comerciantes del sector, la raíz de sus problemas es la operación del dispensario. No ponen en duda que haya cientos de personas que se beneficien de manera genuina con las propiedades medicinales de la hierba, pero sí parecen cuestionar si muchos de los clientes son en realidad pacientes bona fide. Un cuestionamiento que revive la denuncia sobre si el gobierno está siendo efectivo en supervisar las leyes sobre la operación de dispensarios de cannabis medicinal.
Todo lo anterior hace que se levanten varias preguntas. ¿Están siendo estrictos los médicos en la otorgación de licencias de cannabis medicinal o, como muchos denuncian de manera informal, obtener esas licencias se ha convertido en un proceso poco formal?
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¿Está adecuadamente constituida la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal? El pasado año, se denunció que, a pesar de su peso de ley, la Junta no tenía sus miembros adecuadamente constituidos y que solo uno de ellos estaba designado. Si ese sigue siendo el caso, ¿cómo puede una Junta coja reglamentar una industria tan compleja? Sobre este asunto, es el Departamento de Salud quien debe rendir cuentas porque esa estructura fue creada bajo la agencia.
En definitiva, se trata de un asunto complejo que viene dando indicios de que requiere intervención para que la industria opere de acuerdo con el espíritu de su creación. No debe ser esta coyuntura una excusa para lapidar la legislación que permite que cientos de pacientes que verdaderamente se benefician de las probadas características médicas del cannabis. Por el contrario, es una oportunidad para recordar que las cosas se hacen bien. Que el espíritu de las legislaciones no debe ser un asunto discrecional. Que toca comenzar a dejar las excusas para hacer que las cosas funcionen, sin trucos y movidas chuecas, de una buena vez.
