La inminente salida de la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública (DSP), sumada a la ya concretada eliminación del Instituto de Ciencias Forenses de su estructura, confirma lo que desde hace años es evidente: el DSP ha fracasado en su propósito original y es hora de eliminarlo por completo.
Creado con la promesa de eficiencia, coordinación interagencial y ahorros fiscales, el DSP nunca logró concretar esos objetivos. Por el contrario, generó una estructura burocrática adicional que duplicó funciones, provocó choques de mando y añadió capas innecesarias de administración en áreas tan críticas como la seguridad y la investigación forense.
Ahora, con los dos principales componentes de seguridad pública, la Policía y Ciencias Forenses, fuera del departamento, lo que queda es una estructura fragmentada que ya no tiene razón de ser. El Negociado de Manejo de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales deben recuperar su autonomía operacional, con liderazgos designados de forma directa por la gobernadora y con responsabilidades claras y sin intermediarios.
Más allá del modelo organizacional, el problema es de efectividad. Las estadísticas nunca mostraron una mejora atribuible al DSP. El ahorro prometido se convirtió en gasto adicional. Y las decisiones operacionales, en lugar de agilizarse, se vieron entrampadas por la jerarquía del departamento.
Eliminar el DSP no es un retroceso; es corregir el rumbo. Es momento de abandonar estructuras que no han dado resultado y fortalecer directamente a los cuerpos de seguridad, emergencias y respuesta crítica. Puerto Rico necesita instituciones eficientes, no experimentos burocráticos.
