La figura de un Secretario o Secretaria de Estado en Puerto Rico no solo representa la continuidad constitucional del gobierno, sino también un estándar de liderazgo que debe inspirar confianza y respeto. En tiempos en que la rendición de cuentas y la transparencia se reclaman con fuerza desde todos los sectores, ese estándar se vuelve aún más relevante.
La situación que hoy envuelve a la designada Secretaria de Estado ha colocado al Senado de Puerto Rico ante una encrucijada política y moral. No se trata de prejuzgar la controversia ni adelantar determinaciones, sino de reconocer que su historial contributivo, tal y como ha sido divulgado públicamente, plantea un desafío ético para la evaluación legislativa.
Con un voto afirmativo, el Senado confirmaría a una funcionaria con el poder de representar al país en foros oficiales y, potencialmente, asumir la Gobernación. Pero también estaría enviando un mensaje torcido a los contribuyentes que, con sacrificio, cumplen su deber fiscal. Por otro lado, votar en contra, incluso siendo del mismo partido, es una afirmación de que el ejemplo no puede ser secundario al cargo.
La decisión no es sencilla. En juego está la confianza ciudadana en las instituciones, particularmente en un momento en que los reclamos de justicia y equidad están más vivos que nunca. La ciudadanía observa si las reglas son iguales para todos, o si en los pasillos del poder se aplican con doble vara.
El Presidente del Senado parece estar muy claro; este no es solo un voto sobre una persona; es un voto sobre los valores que queremos representar. En el servicio público, liderar con el ejemplo no debe ser una aspiración: debe ser un requisito. Veremos qué camino deciden tomar.
