Contabilidad en papel o flujo real: el error de diseño en el presupuesto del país

Para ponernos en contexto con lo que ha estado saliendo en la prensa en los últimos días, el gobierno está en pleno proceso de radicación y defensa del presupuesto ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El liderato político del Partido Nuevo Progresista celebra con bombos y platillos que los recaudos están “en cumplimiento” y que están usando metodologías estandarizadas como el modified accrual (contabilidad de acumulación modificada). Sin embargo, detrás de la jerga técnica y los comunicados de prensa, lo que tenemos de frente es un espejismo muy peligroso. La realidad de la calle es que los suplidores del gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y los municipios se quejan constantemente de que el dinero tarda meses en “bajar”, demostrando que tenemos un presupuesto que puede que cuadre en papel, pero que estrangula la operación real del país.

Para el ciudadano común, estos términos contables suenan a espacio exterior, pero sus consecuencias se sufren todos los días. Bajo el método del modified accrual, el gobierno registra un ingreso tan pronto como estima que el dinero es “medible y disponible”, aunque el efectivo no haya entrado físicamente a las arcas del Estado. En términos de ingeniería eléctrica, esto es el equivalente a diseñar una red de distribución calculando la capacidad máxima teórica de un generador, ignorando por completo las pérdidas de energía por resistencia en los cables. El resultado es el mismo: un apagón en el sistema.

Este error de diseño institucional provoca un severo cuello de botella en nuestra economía. Como el presupuesto se basa en un papel y no en dinero constante y sonante, las agencias centrales se ven obligadas a retener los pagos reales para evitar quedarse sin liquidez. Los platos rotos los terminan pagando nuestros suplidores locales, contratistas de obras y organizaciones del tercer sector, quienes se ven obligados a financiar al gobierno por 90, 120 o más días. ¿Cómo usted se sentiría si completa un trabajo y le dicen que se lo van a pagar en tres o cuatro meses? Esto no es administración; es asfixiar al comerciante honesto mediante la burocracia.

Este estancamiento es el síntoma de un diseño obsoleto. Seguimos intentando procesar las finanzas del siglo 21 con una maquinaria del siglo 19 que valora más el cumplimiento de un tecnicismo legal que la agilidad del servicio al ciudadano. Mientras el gobierno celebra un superávit de papel, los municipios siguen insolventes esperando por soluciones a largo plazo que no llegan y los proyectos de infraestructura continúan paralizados por la falta de lubricación administrativa.

La verdadera reingeniería del gobierno que defendemos en el Plan de Proyecto Dignidad exige un cambio radical de paradigma. No podemos seguir administrando el país a base de “premios de consolación” contables. Necesitamos una administración basada en la transparencia y en el flujo real de ejecución. El éxito de un presupuesto no debe medirse por el total de la cifra aprobada en una resolución conjunta, sino por la velocidad y la eficiencia con la que cada dólar asignado se convierte en una obra terminada, en un servicio de salud provisto o en un suplidor pago a tiempo.

Es hora de aplicar la ingeniería de la eficiencia a las finanzas públicas. Puerto Rico necesita un diseño presupuestario robusto, centrado en la ejecución real y con controles que eviten la parálisis. De lo contrario, continuaremos operando bajo la ilusión de un país próspero en los libros contables de San Juan, mientras la estructura real de nuestra economía se sigue cayendo por una mala ingeniería administrativa. Es hora de dejar atrás los espejismos y comenzar a gobernar sobre la roca de la realidad fiscal.

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