El número de asesinatos registrados en lo que va del año es alarmante, lo que revela que algo anda mal y que, por consiguiente, el Estado no logra delinear cómo abordar correctamente el problema.
A diario vemos cómo aumentan los niveles de violencia en el País, despertando preocupación en la ciudadanía, sobre todo, por el descontrol de las muertes en las calles a cualquier hora. Las guerras frente al mercado de la droga parecen ser el detonante que provoca la mayoría de estos asesinatos.
Este hecho, que es innegable, se coloca en el discurso del Estado fomentando la idea de la “inseguridad” que se vive en la Isla pero con la intención de provocar una especie de psicosis colectiva que, alimentada por los medios de comunicación, abre el espacio a la introducción de soluciones reaccionarias, policíacas y legales al problema.
Por eso no es de extrañar que ahora el gobierno se empeñe en dirigir sus esfuerzos a trabajar una revisión del Código Penal para aumentar las penas en ciertos delitos y, a su vez, modificar las Reglas de Procedimiento Criminal para limitar los derechos civiles y constitucionales de personas acusadas. Los gestores de estas medidas creen que con así se avanza en disuadir la actividad delictiva.
Pasan por alto, sin embargo, que el alarmante número de muertes violentas que ocurre en nuestro país es producto del deterioro de nuestra fibra social y que, por tanto, tenemos que atacar el problema desde su raíz. Mas esa raíz no está focalizada en entender el dilema de la criminalidad como un asunto restricto del individuo, como se desprende del discurso gubernamental. Es más que eso.
Responsabilizar a un sujeto, centrar el problema como una desviación de conducta, falta de valores y transgresiones individuales es descartar la responsabilidad del Estado en el manejo de la actividad delictiva como si nada tuviera que ver con éste.
Se trata de armar un proyecto que defina, precisamente, cómo se paliará el desempleo, la mala distribución de recursos y la injusticia, áreas en las que radican las verdaderas raíces de la criminalidad y que de no atenderse a tiempo nos sucumbirá.
Más que necesario, es urgente impulsar medidas preventivas y oportunidades laborales y de emprendimiento social para luchar contra la inequidad social y el empobrecimiento de nuestra clase trabajadora y profesional. Hay que crear políticas públicas que le ofrezcan a nuestra juventud la posibilidad de vislumbrar un futuro mejor, para que se sientan atraídos en permanecer en la Isla y aportar a su desarrollo.
Tenemos, además, que construir un nuevo modelo educativo, a la vez que erradicamos los efectos indeseados del culto a la violencia del que todos y todas somos víctimas, y eso incluye desde la violencia social inducida por el Estado, la glorificación al ataque físico y verbal que promueven producciones radiales y televisivas y la distribución entre nuestros infantes y jóvenes de artefactos altamente violentos disfrazados de material recreativo, como armas ficticias y juegos electrónicos que hacen loas al crimen y la delincuencia.
No son problemas sencillos, pero pueden resolverse. Mas hace falta un espacio de concertación desde el que seamos capaces de articular esa nueva visión de país que vislumbre las posibilidades de un mejor futuro.
Hay que provocar la conversación amplia y honesta en torno al crimen y la violencia lejos de consideraciones exclusivamente punitivas y distanciados de agendas partidistas. Hay que actuar con o sin el gobierno; con o sin los políticos, pero actuar.
