Primero fue un proceso de responsabilidad política. Luego, el abandono del cargo. Y ahora, un procedimiento penal contra el presidente Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento, aprobó este martes gracias a su mayoría opositora que continúe el antejuicio de mérito a Maduro, una decisión que tendrá más carácter simbólico que efectivo pero que evidencia los dos mundos institucionales paralelos del país.
La oposición asegura que la fiscal general y el Tribunal Supremo de Justicia legítimos están en el exilio y que el verdadero poder legislativo es la Asamblea Nacional, elegida con una amplia mayoría contraria al chavismo en diciembre de 2015.
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Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ya hace meses en desacato al Parlamento y el oficialismo instaló como cuerpo plenipotenciario en agosto de 2017 una Asamblea Nacional Constituyente cuya primera decisión fue destituir a la fiscal Luisa Ortega.
La pugna política de un país que atraviesa una severa crisis económica y que el 20 de mayo votará en las presidenciales con la ausencia de gran parte de la oposición quedó así de nuevo patente este martes.
Pero, ¿qué supone exactamente el procedimiento legal aprobado por la Asamblea Nacional con 105 votos a favor y dos en contra?
Odebrecht en Venezuela
El Parlamento sólo ha dado luz verde para que siga un proceso penal que inició la destituida fiscal general Luisa Ortega. Varios países consideran que aún ostenta el cargo legítimamente, pese a encontrarse fuera del país, donde se le acusa de corrupción tras desvincularse del oficialismo.
Ortega presentó ante el llamado TSJ en el exilio pruebas de una investigación que involucra a Maduro en los casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado casi US$100 millones en sobornos a dirigentes en Venezuela para adjudicación de obras.
Una veintena de los proyectos iniciados por Odebrecht en Venezuela quedaron inconclusos.
El escándalo, que alcanza una decena de países en América Latina, ha tenido ya consecuencias políticas en Perú, Brasil y Ecuador, pero no de momento en Venezuela.
El llamado TSJ en el exilio lo forman magistrados que fueron nombrados por el Parlamento para sustituir a los que designó el chavismo antes de perder la mayoría en el Legislativo tras las elecciones de diciembre de 2015.
Los magistrados tuvieron que salir del país para evitar ir a la cárcel y se reúnen en Estados Unidos. Tras examinar las pruebas presentadas por Ortega, pidieron al Parlamento que aprobara seguir con el proceso, tal y como dicta la Constitución.
Y los diputados opositores dieron este martes el visto bueno.
"Falsas esperanzas"
Más allá de la controversia técnica sobre si era necesario una mayoría simple o de dos tercios, la decisión será seguramente desconocida por el poder judicial, al que la oposición acusa de actuar al dictado del Ejecutivo.
Ni la apertura de un juicio político ni la declaración de abandono del cargo de Maduro adoptadas por el Parlamento en el pasado tuvieron de momento consecuencias jurídicas para el presidente.
Maduro es el favorito para la reelección en los comicios del 20 de mayo que gran parte de la oposición considera que no son libres ni justos, por lo que llama a no participar en ellos.
"No pretendemos levantar falsas esperanzas. Votar hoy no significar que Maduro se irá mañana, pero este es un paso de luchar para consolidar el destino del país", reconoció en la sesión de la Asamblea el diputado opositor José Luis Pirela.
De la bancada oficialista sólo se personaron en la sesión dos diputados, que votaron en contra.
"El Tribunal Supremo de Justicia que válidamente ejerce sus funciones está aquí en Caracas", dijo el legislador chavista Juan Marín.
"Ninguna institución extraterritorial tiene competencia para discutir ningún tema de la vida republicana del país", agregó.
