Los países reunidos en el Grupo de Lima volvieron a reclamar el "restablecimiento de la democracia" en Venezuela a pocos días de que Nicolás Maduro jure su cargo como presidente del país sudamericano para un nuevo mandato.
Esta vez añaden a su acción diplomática la posibilidad de aplicar medidas económicas para presionar a Maduro, al que demandan la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales "democráticas".
Maduro se impuso en las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2018 y tiene previsto inaugurar el próximo 10 de enero un nuevo periodo presidencial que se prolongará hasta 2025.
Estados Unidos, la Unión Europea y los países del Grupo de Lima (entre los que están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) no reconocen el resultado de los comicios de mayo.
La mayor parte de las fuerzas de oposición declinaron participar ante lo que consideraban falta de garantías.
Este último comunicado fue suscrito este viernes por todos los miembros del Grupo de Lima a excepción de México, que se abstuvo "para mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas para ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país".
En el documento se reitera que el proceso electoral de mayo "carece de legitimidad" y no cumplió con los estándares internacionales.
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Perplejidad del gobierno venezolano
La reacción del gobierno de Venezuela no se hizo esperar.
A través de un comunicado difundido horas después de la declaración del Grupo de Lima, el gobierno vuelve a hablar de un supuesto intento de golpe de Estado en el país:
"La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un Golpe de Estado en Venezuela, en un hecho sin parangón en la historia de la región, al intentar desconocer tanto el Gobierno democráticamente electo, como a las instituciones legítimamente constituidas, llegando al extremo de pretender modificar los límites territoriales del país, atribuyendo territorio indiscutidamente venezolano a una nación vecina, interviniendo en una controversia territorial de exclusivo alcance bilateral".
Y añade: "Sobre el particular, la República Bolivariana de Venezuela tiene a bien informar que el próximo 10 de enero, el Presidente Nicolás Maduro Moros tomará posesión legítima y constitucional de la Presidencia de la República para el período comprendido entre los años 2019 y 2025, en perfecta sintonía en tiempo y en forma con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual no requiere la venia de ningún gobierno extranjero".
"Las decisiones sobre Venezuela no las toman gobiernos extranjeros"
Ya el día de Año Nuevo, Maduro reafirmó en una entrevista emitida por la televisión estatal venezolana su determinación de renovar su mandato presidencial y permanecer al frente del gobierno seis años más.
"Las decisiones sobre Venezuela no las toman los gobiernos extranjeros", respondió a las críticas Maduro, que de nuevo culpó de las dificultades que atraviesa su país al "imperio norteamericano junto a sus gobiernos satélites de este continente y de Europa".
El Grupo de Lima anunció en su último comunicado su intención de "elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia".
No se descarta además congelar activos en el exterior de entidades relacionadas con el gobierno venezolano, un paso que, de concretarse, iría en la línea de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra intereses estratégicos venezolanos en el exterior.
Maduro dijo que las sanciones internacionales le han hecho perder US$20.000 millones en el último año.
También se afirma la intención de "evaluar con criterio restrictivo" la concesión de préstamos a Venezuela en los organismos internacionales de los que forma parte.
López Obrador vuelve al principio de no intervención
Alberto Nájar, BBC News Mundo en México
Desde la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador advirtió que cambiaría la relación de México con el resto del mundo, lo cual empieza a cumplir en sus primeras semanas como presidente.
AMLO sostiene que la política exterior debe ceñirse a la Constitución mexicana, la cual establece el principio de no intervención en asuntos internos de otras naciones.
Es una práctica diplomática que se mantuvo prácticamente todo el siglo pasado, pero empezó a cambiar en 1994 con la elección de Ernesto Zedillo como presidente.
Zedillo fue un abierto crítico de Fidel Castro, por ejemplo, algo que se profundizó con su sucesor Vicente Fox y después con Felipe Calderón, uno de los principales críticos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En cambio, López Obrador pretende regresar a la vieja diplomacia mexicana, que se rige bajo una de las frases más conocidas de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz".
Juárez es, por cierto, el mayor ejemplo de gobierno para AMLO.
Este regreso a la anterior diplomacia lo sostuvo en Lima el subsecretario para América Latina y del Caribe, Maximiliano Reyes, quien acudió en representación de la cancillería mexicana.
El funcionario pidió al Grupo de Lima reflexionar "sobre las consecuencias que tendrían para los venezolanos aquellas medidas que busquen tener injerencia en asuntos internos, que entorpezcan el diálogo entre los actores involucrados y la comunidad internacional".
Las cancillerías de los países del grupo reiteran su apoyo a la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición pero desprovista de competencias desde que Maduro impulsó una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
El Grupo de Lima cree que el presidente debería entregarle el poder hasta que se celebraran unas nuevas elecciones.
La resolución también se refiere a la emigración masiva de venezolanos que escapan de lo que califica de "crisis humanitaria" en su país, causada según el texto por las políticas "antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicadas por el régimen de Nicolás Maduro".
De acuerdo con las cifras de la Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas, más de tres millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, la mayoría con rumbo a otros países de América Latina, lo que ha dado pie a una crisis migratoria que preocupa en todas las capitales de la región.
Los países del Grupo se comprometen a seguir coordinando sus esfuerzos para atender a los migrantes "en la medida de sus posibilidades", pero señalan que el "éxodo" solo se detendrá mediante "el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela".
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