A la medianoche del lunes comenzó el mandato del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En su discurso inaugural, Rosselló anunció de inmediato la puesta en marcha de los primeros proyectos de su administración, como había prometido en la campaña y durante el proceso de transición.
El martes, La Fortaleza detalló las primeras órdenes ejecutivas firmadas y radicó el primer paquete de medidas legislativas que deberán atenderse a partir del lunes próximo en el Capitolio. Las iniciativas buscan recortar los gastos en el Gobierno y estimular la economía en diversas áreas.
Los primeros anuncios tienen la misma finalidad que han tenido las movidas de administraciones pasadas en el periodo inicial de su gestión, como en el que nos encontramos. La clave está en la ejecución y en mantener la voluntad política para hacerlo, según se manifestó durante la campaña electoral. Los fracasos pasados de iniciativas similares han ocurrido precisamente porque, a medida que la compleja gestión gubernamental entra en calor, las promesas se van aguando. Ya sea porque no es tan fácil hacerlo o porque las consecuencias políticas de ello se proyectan como devastadoras. Y es que, como se ha dicho antes, “se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa” o “no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir”.
Estas primeras semanas de la administración del gobernador Rosselló serán cruciales para que dicte el tono de su turno al bate, y con ello la eficacia de su gestión para el resto del cuatrienio. Será importante observar la celeridad y receptividad con la que la Legislatura acoja este primer paquete de proyectos de administración. Cambios mayores a sus propuestas o una dilación en la acción para viabilizar el cumplimiento de su “plan” podría colocarle en una posición de vulnerabilidad para resolver los problemas que enfrenta el país en este momento.
Evidentemente, el gobernador está haciendo sus movidas para demostrar control político al citar a los legisladores a una reunión para el próximo martes —día siguiente a la sesión inaugural— en la que discutirá el informe de transición. Es de esperarse que allí les requerirá acción rápida para sus propuestas. Hasta ahora, el entrante liderato legislativo se ha proyectado como un aliado de La Fortaleza, pero desde el Palacio miran hacia allá con mucha cautela.
Será crucial, además, observar la dinámica que se dará en las próximas seis semanas entre la nueva administración y la Junta de Control Fiscal. Ya Rosselló ha pedido que se le conceda un tiempo adicional en la presentación de un plan fiscal, que, según el calendario anunciado por el organismo federal, debe emitirse al concluir este mes para una certificación final al 15 de febrero. Rosselló, que anunció el lunes una relación “colaborativa” y “constructiva” con la Junta, pero al mismo tiempo dijo que defenderá los intereses del pueblo —distinto de la crítica que recibió durante la campaña—, tiene que evitar que se le perciba como un subordinado de ellos para mantener ante el país la ya depreciada legitimidad del cargo que ocupa.
Ayer Rosselló tuvo su primera reunión con representantes de la Administración del presidente Trump. Ello fue acertado, pues, en estos momentos críticos y aunque muchos en el nuevo gobierno puertorriqueño insistan en que el problema tenemos que resolverlo “nosotros”, el oxígeno —poco o mucho— que venga desde Washington es necesario.
Con respecto al estatus, Rosselló y la nueva comisionada residente, Jenniffer González, se la juegan fría. Tanto con el proyecto de admisión radicado ayer en el Congreso como con el anunciado equivalente al Plan Tennessee, ya que esta Casa Blanca será tan impredecible como lo fue durante su campaña el ahora presidente.
El gobernador dijo el lunes desde la tarima frente al Capitolio: “Tenemos la oportunidad”, cada vez que hablaba de los proyectos que encaminará y que pretenden sacar al país de la desesperanza que impera por doquier. Esa ventana de oportunidad ya se abrió y tiene que aprovecharla rápidamente, porque en un abrir y cerrar de ojos estamos de nuevo en el tedioso ciclo electoral.
