Por: Denis Márquez
Lo advertimos en la pasada campaña: las exigencias de la Junta de Control Fiscal para “remediar” la crisis fiscal-económica terminarían imponiéndose sobre cualquier gobierno que no tuviera la firme voluntad de confrontar a dicha organismo, producto de nuestra indigna condición colonial e inferioridad política.
Recientemente el gobierno, destruyeron y arrebataron derechos en una mal llamada reforma laboral que, como he denunciado anteriormente, empobrecerá aun más a los trabajadores, no creará empleos y fomentará el éxodo de otros tantos miles de puertorriqueños, en especial nuestros jóvenes. Se trató de un “paquetazo neoliberal” hecho a la medida de la JCF y sectores de interés –en Puerto Rico y Wall Street- con la excusa de aumentar la competitividad a costa de más sacrificio a la clase media y trabajadora y las mujeres jefas de familia.
De igual forma, la administración Rosselló asumió la patria potestad y custodia de la Ley 66 que nació bajo el Partido Popular y que dio continuidad al menoscabo de los derechos de los empleados públicos congelando convenios colectivos y beneficios establecidos en ley.
Aprobarán también, la propuesta del empleador único que ya he advertido tendrá un costo millonario y, al igual que el esperpento de la reforma laboral, significará la pérdida de derechos laborales adquiridos y creará incertidumbre en los trabajadores públicos que pasen a trabajar en Alianzas Público Privadas que, con las enmiendas aprobadas a la Ley de las APP, queda expedito el camino para privatizar gran parte de los activos del país.
Pero la andanada y la agenda de la Junta de Control, en unión a la docilidad y colaboración de la actual administración, no tiene frenos y ya trabajan en su próximo paso: la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Mediante la recién aprobada Ley 2 (por la vía rápida como las anteriores) otorgaron mayores poderes a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para atemperar y asimilar las políticas públicas fiscales como despidos de empleados, control presupuestario, suspensión de reglamentos y otros con las de la Ley Promesa en agencias y corporaciones públicas, entre ellas la UPR.
El más reciente capítulo es la próxima aprobación del proyecto 675 que permitirá al Gobernador administrar al país por decreto mediante órdenes ejecutivas y menoscabando los limitados poderes de la Asamblea Legislativa. La referida medida permitirá también la venta y privatización de servicios públicos al mejor postor. Además, con este proyecto el gobierno se plegará dócilmente al mandato de la Junta de Control de pagar la deuda a costa, aunque lo nieguen, de los servicios esenciales del país.
Todas las acciones del gobierno antes expresadas constituyen pérdidas irreparables y la emprenden contra quienes cargan sobre sus espaldas el peso de la crisis y continúan, así, con la práctica de todos los gobiernos anteriores de condenar al sacrificio a la clase media, asalariada y trabajadora.
