Ayer en la madrugada, horas después del discurso del gobernador en el Capitolio, La Fortaleza divulgó el plan fiscal que sometió poco antes a la Junta de Control Fiscal federal para su consideración en la próxima semana y media. El 15 de marzo, el ente federal certificará el plan que regirá al Gobierno y no necesariamente tiene que ser el que se nos presentó anteanoche.
El periodo que comenzó ayer será de negociaciones y de pulseo entre el Gobierno y los emisarios del norte ante las diferencias expresas que hay. Rosselló ha señalado que su receta para atender la crisis es menos onerosa que la que pretendía la Junta, para así evitar un impacto social devastador.
Si bien es cierto que el plan de Rosselló no acoge las recomendaciones de los federales de reducir la nómina gubernamental en un 30 % en dos años y de aumentar dramáticamente los recaudos de inmediato mediante el alza de los impuestos más visibles —o sea, el IVU—, la propuesta que está ante nuestra consideración recurre a mecanismos más sutiles que, de igual forma, tendrán impacto en el bolsillo de todos. Por ejemplo, veremos un plan de retasación de propiedades para aumentar los ingresos por concepto del impuesto a la propiedad. También aumentarán los costos en los servicios que ofrece el Gobierno, tales como sellos y seguros. El otro renglón en el que se basa el aumento proyectado en los recaudos tiene que ver con la extensión a 10 años del impuesto del 4 % a las empresas foráneas, que, aunque ya se sabía, no se contempló anteriormente por no haberse aprobado la ley a esos efectos. El aumento en los recaudos descansan, además, en una polémica expectativa de un crecimiento económico y de lo que produzcan iniciativas gubernamentales que ya se comienzan a poner en vigor, como el DMO en Turismo, Enterprise PR, incentivos contributivos a las empresas y más alianzas público-privadas. El decrecimiento económico, menor al que se había proyectado bajo la pasada administración, fue validado ayer por economistas consultados.
A medida que se siga desmenuzando el plan de Rosselló, descubriremos que sí habrá medidas que nos impactarán a todos. A esta ecuación faltan los detalles de la nueva reforma de salud que tendrá que plasmarse en un proyecto de ley, así como el alcance de los recortes en las pensiones. Está por verse también el impacto social de la puesta en vigor del programa “empleador único” si es que no se observa la esperada sensibilidad en el movimiento de personal entre las agencias. En lo que al plan fiscal se refiere, será cuestión de días conocer cuánto está dispuesto a resistir el gobernador Rosselló y hasta qué punto se impondrá la Junta Fiscal.
El gobernador tiene, como dijo el martes en el Capitolio, una obligación con el país social, sobre todo, y de garantizar la estabilidad. En cambio, la Junta, y así lo establece claramente la Ley PROMESA, tiene la encomienda de que el Gobierno de Puerto Rico vuelva a tener buen crédito para regresar al mercado de capital. Son dos caminos distintos, aunque vayan de la mano.
En este pulseo, que comenzó ayer y que concluirá pronto, está en el medio la misma Constitución del Estado Libre Asociado, enfrentando lo que quizás sea su última prueba de fuego.
En este pulseo, la Constitución, que por 65 años se ha hecho creer que nos ha permitido establecer un “gobierno propio”, pudiera coger un aire nuevo o quedar finalmente sepultada. Las apuestas van por la segunda opción y a la vuelta de la esquina está el plebiscito. Muchas cosas están pasando rápido y a la vez.
