La Junta de Supervisión Fiscal aprobó el lunes, con algunas condiciones, el plan fiscal enmendado presentado por el gobernador Ricardo Rosselló. Desde el oficialismo, el plan es un triunfo para la isla. “Puerto Rico prevalece”, se aseguró como consigna desde las redes sociales, que de inmediato se vieron inundadas con felicitaciones y aplausos por la gestión del Ejecutivo. Desde el punto de vista del mensaje mediático, lo ocurrido ayer —y su manejo— fue eficaz.
Pero, más allá de la envoltura, es preciso valorar lo ocurrido ayer. ¿Realmente gana el país con las medidas que impone la Junta?
Piénselo por un momento. Digamos que el ingreso fijo mensual de su familia es $1,500 mensuales. Sin embargo, a lo largo de los años sus compromisos económicos superan sus ingresos. Entre los gastos del diario, la escuela de los nenes, el carro, la hipoteca y las misas sueltas, sus gastos mensuales alcanzan los $2,500. Entonces, ¿por dónde recorta? Quizá procura buscar un préstamo para consolidar sus deudas. Tal vez negocia con el banco para que cambien las condiciones de su hipoteca, recorta las salidas semanales a los restaurantes y otras banalidades. Yo qué sé. DE lo que sí estoy seguro es que, en aras de bajar sus gastos, usted no pensaría en dar una comida al día en lugar de tres a sus hijos o en cortar a la mitad la dosis del medicamento de mantenimiento de su padre enfermo. Tampoco enviaría sus hijos a la escuela tres días en lugar de cinco para ahorrar dinero en gasolina. Ni pensarlo.
Ese tipo de sacrificio, sin embargo, es el que pretende imponernos la Junta de Supervisión Fiscal bajo la premisa de que hacerlo nos ayudará a salir de la crisis. Que reducir los salarios, la jornada laboral, pensiones, la cubierta de la tarjeta de salud y aumentar los recaudos mediante aumentos a impuestos existentes o crear nuevos que impacten la vivienda, el transporte público, marbetes y peajes traerá, como maná del cielo, beneficios al país. El problema es que la receta de la Junta no tiene sentido. Y no solo lo dice la oposición local, contagiada con el germen de la política rojiazul. Según expertos de calibre mundial, lo que nos pide la Junta será indudablemente beneficioso para nuestros acreedores. Pero para los ciudadanos será el equivalente a pegarnos un tiro en la cabeza.
Tome usted el caso del economista estadounidense ganador del Nobel, Joseph Stiglitz. En una columna publicada por el portal Proyect Sindicate, Stiglitz cuestiona el peritaje de los integrantes de esa criatura del Gobierno de Estados Unidos, al asegurar que muestran “ausencia de cualquier entendimiento de economía básica”. Dice que, si seguimos su plan de recortes, la isla experimentará una crisis similar a “la experiencia de países que viven guerras civiles o como la de Venezuela”, que hará “la recuperación virtualmente imposible”. Que “la gente de Puerto Rico experimentará un sufrimiento nunca visto” y que todo lo anterior será en vano porque la deuda “se tornará aún más insostenible.
Es entonces cuando cualquier ciudadano con un compromiso real con su país debe cuestionar la adecuacidad de PROMESA y su Junta. ¿Qué gana el país con aumentar aún más el índice de pobreza que hoy alcanza el 46 % y encima empeorar la deuda?
¿Cuál es la ganancia de seguir medidas que engorden las arcas de los acreedores y bonistas, degollando aún más el consumo en una economía precisamente basada en el consumo? ¿Ha pensado la Junta en el efecto que sus reducciones tendrán sobre la economía del sector privado, como la banca y el sector comercial? ¿Frenarán estas medidas la migración?
Los miembros de la Junta no son tontos. Pero sus prioridades están claras. Lo que parece obvio es que quienes vivimos en la isla no estamos en el tope de su lista. Si fuese el caso, ¿puede explicar la Junta de qué forma todo lo incluido en el plan fiscal reactivará la economía local?
En esta coyuntura histórica es preciso repensarnos. Sacudirnos de ese servilismo histórico y retar las disposiciones de la Junta.
La historia del mundo está plagada de ejemplos en los que se prueba que las leyes se siguen solo si son justas. De lo contrario, deben ser retadas. Quedarnos de brazos cruzados esperando que se nos entregue el arma para el suicidio colectivo no debe ser la opción.
