Por: Dennis Márquez
Representante por el PIP
No debe ser sorpresa para nadie que la pobreza constituye un factor de desigualdad y discriminación que sienta las bases para obstaculizar el acceso a la justicia. Por tal razón, a principios de esta semana, radiqué la Resolución Conjunta de la Cámara 136, que busca garantizar el acceso a la justicia a aquellos ciudadanos a los que la desigualdad social y económica les cierra las puertas de los procesos judiciales, particularmente en el área civil.
A través del litigio civil se dilucidan asuntos que afectan derechos fundamentales, como vivienda, educación derechos paterno o materno filiales, salud y alimentos de menores que, en muchos casos, sea para iniciar o defenderse de una reclamación, representan costos que los ciudadanos no pueden asumir. El acceso a la justicia no solo es representación legal, es, además, un mecanismo de lucha ante la inequidad en las relaciones obrero patronales, es protección al embate de las ejecuciones de hipoteca y desahucios. Es escudo de protección en casos de violencia de género y es lucha en protección de bosques, playas y expropiaciones de comunidades.
Con esta iniciativa legislativa busco también dotar de recursos a aquellas instituciones y entidades que se han dado a la tarea de proveer de representación legal en casos civiles a ciudadanos indigentes, como la Corporación de Servicios Legales, las divisiones legales de algunos municipios, el programa pro bono del Colegio de Abogados y las clínicas de las facultades de Derecho, entre otros, que han representado a miles de ciudadanos que de otra manera jamás habrían tenido acceso a los servicios de un abogado o abogada. El aumento en la demanda de esos servicios —en particular ante el crítico escenario económico que enfrenta el país— no va a la par con los recursos disponibles para prestarlos. No solo están esas organizaciones a merced de vaivenes presupuestarios, sino que, en algunas ocasiones, las asignaciones monetarias vienen acompañadas de importantes limitaciones a los servicios que pueden prestar. Recientemente ha resurgido la posibilidad de que el Gobierno republicano de Donald Trump elimine los programas de servicios legales gratuitos, lo que representaría un golpe devastador al “bufete de los pobres”, Servicios Legales de Puerto Rico, entidad fundamental en la defensa y protección de personas pobres, grupos comunitarios y defensores del medioambiente.
Existen en nuestra sociedad, circunstancias incómodas, difíciles de mirar y atender como ente colectivo, entre las cuales está el íntimo vínculo entre la pobreza, la injusticia y muchos otros retos sociales. Y hoy, ante la andanada de atropellos provocados a consecuencia de la crisis fiscal y política que vive el país, estamos obligados a garantizar derechos como el acceso a la justicia a quienes ya han pagado y continuarán pagando —a juzgar por el paquete de leyes neoliberales aprobadas bajo la pasada y actual administración— una altísima cuota de sacrificio.
