Por: Denis Márquez Lebrón
Durante la pasada campaña política el Partido Independentista Puertorriqueño alertó al país y a los electores del costo político, social y económico de elegir a cualquier Gobierno dispuesto a colaborar con la Junta de Control Fiscal. No tuvimos que esperar a los primeros cien días del nuevo Gobierno para advertir que a la Junta de Control ni un vaso de agua, pues las verdaderas intenciones de privilegiar y garantizar el pago a los acreedores resultaban más que evidentes. Es lo que siempre ocurre en las colonias: el interés apremiante no es para el beneficio de los subordinados si no para la metrópolis y el régimen dominante.
Y hoy, recién cumplidos los primeros cien días del Gobierno de Ricardo Rosselló, ha quedado develada la imagen de colaboración y sumisión con esa dracroniana y dictatorial Junta de Control Fiscal. Las acciones y medidas aprobadas son el fiel cumplimiento de sus mandatos e imposiciones que han establecido la ruta y el camino de lo expresado en la legislación: el pago a los grandes bonistas por encima de los servicios a la ciudadanía. La aprobación de la deplorable llamada reforma laboral, el establecimiento del empleador único, la Ley de permisos, la extensión de la Ley 66, las enmiendas a la Ley de las Alianzas Público Privadas y la “transformación” y toma de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, son los ejemplos más ilustrativos y ejemplificantes de un Gobierno donde el neoliberalismo y el menoscabo de derechos es la orden del día.
El último tramo de esos cien días nos dejó con un Plan de Ajuste Fiscal que continúa la práctica de total entrega a la Junta de Control, con propuestas que una vez más le exigen sacrificios a los que siempre se han sacrificado: las y los trabajadores, las jefas de familias y el comercio puertorriqueño. En fin, los sacrificados de nuestra tierra, como ya he señalado en otros foros.
Como si fuera poco, esas verdaderas intenciones de la actual administración y lo más emblemático de este comienzo, han quedado cristalizadas y descubiertas con la desatinada e insensible propuesta del recorte presupuestario a la Universidad de Puerto Rico. El Gobierno electo, que pasó gran parte de la campaña hablando de la importancia de la educación y la juventud, hoy pretende destruir a petición de la Junta nuestra Universidad y nuestro sistema educación pública. El deseo de cercenar su presupuesto no puede ser otra cosa que un acto de venganza contra la institución puertorriqueña que mejor manifiesta el pensamiento crítico, el cuestionamiento social y la disidencia articulada. Es por ello que he sido vocal en todos los foros posibles, desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes y en numerosas vistas públicas, hasta en conferencias y medios de comunicación, advirtiendo y denunciando la agenda del Gobierno y de la Junta. Un contubernio que lejos de alivianar la crisis y encaminar al país hacia su recuperación, agravará aún más las ya deterioradas condiciones sociales y económicas de los y las puertorriqueñas.
Trancurridos estos primeros cien días, vaya nuestra solidaridad y reconocimiento a los que luchan por el bienestar de este país, nuestros estudiantes, hoy convertidos en un gran muro de resistencia a los embates de la Junta materializados por un Gobierno colaborador.
Hoy, luego de la puesta en marcha de todo un entramado dirigido a mantener los privilegios a los aventajados, en un claro agravio hacia los puertorriqueños, los electores tenemos una oportunidad de ponerle fin a la agenda de la Junta que no es otra cosa más que un síntoma del modelo de inferioridad político, económico y social que es el ELA. La legislación del plebiscito, sesgada a favor de estadidad como he denunciado, tiene una respuesta política contundente: el voto por la Soberanía Nacional para iniciar el proceso que nos conduza a un renovado futuro de libertad, prosperidad y justicia social.
