Una vez más, la discusión del tema del estatus está herida de muerte. Aunque una consulta sobre el tema se ve a la vuelta de la esquina, esa consulta por sí sola no parece anticipar resultados distintos de los que pasados procesos plebiscitarios han tenido para la isla, sobre todo porque esta vez, como siempre, Estados Unidos busca eludir su responsabilidad con respecto al futuro político del país aferrándose al conveniente statu quo.
El discurso de Washington hasta hoy ha sido “pónganse de acuerdo”. Una frase que la metrópoli repite como mantra a sabiendas de que eso de “ponerse de acuerdo” en un país tan polarizado como Puerto Rico es tarea difícil. La del 2012, nuestra consulta más reciente, arrojó resultados confusos, aunque el único indiscutible es que los ciudadanos en su mayoría favorecen un cambio de estatus. Pero, una vez más, Washington ignoró el resultado. Ahora la historia parece estar a punto de repetirse con la consulta de verano. Tras la expresión de Justicia federal que pide la inclusión del ELA, la consulta parece ir dirigida a la muerte por cuanto dos grandes sectores del país ya se plantean boicotearla. Por una parte, los miembros del Partido Popular que han visto cómo Justicia ha sentenciado que el llamado “ELA mejorado” no tiene espacio bajo el marco jurídico estadounidense. Por otra, los miembros del Partido Independentista, quienes aseguran que la inclusión de la colonia en una consulta “descolonizadora” es un enorme contrasentido. Si los llamados al boicot o la abstención electoral cobran fuerza, el de junio será un plebiscito desinflado que no dejará un mensaje claro a Washington. Y ello nos dejará en el lugar de siempre. En el inmovilismo. Entonces, ¿qué hacer para que Washington quiera mirar hacia la isla? Si algo ha dejado claro la historia de nuestra relación con Washington es que ni el “por favor”, ni las “gracias”, ni las consultas democráticas ni las conferencias de prensa locales han servido para captar la atención de la clase política estadounidense. Lo que sí ha rendido frutos es la provocación de la crisis. La construcción de un escenario político que haga ineludible la mirada a la isla, como en Vieques. “¿Y cómo crear la crisis?”, preguntará usted. Se me ocurre un par de cosas. Pero la principal de ellas es retar la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal. Ese organismo es solo posible gracias al actual sistema político y su carácter colonial. ¿Qué sucedería si las autoridades locales se niegan públicamente a seguir sus instrucciones? ¿Qué pasaría si nuestros oficiales electos de manera democrática hacen pública su decisión de desobedecer la Junta? Más de uno responderá rápidamente asegurando que sería un ejercicio inútil. Que la Junta “tiene el poder para hacer cumplir sus instrucciones”. Que “quien desobedezca se expone a sanciones”. Pues precisamente de eso se trata.
¿Cómo respondería el Gobierno de Estados Unidos a la comunidad internacional si decide sancionar a oficiales electos por desobedecer instrucciones de figuras impuestas de manera antidemocrática? Una situación como esa obligaría a Washington a contestar más de una pregunta incómoda sobre la perpetuación de modelos coloniales en pleno siglo XXI. Y esas preguntas obligarían a respuestas a tono con su papel autoimpuesto de “vigilantes de la democracia global”. Eso, señores, es provocar la crisis. ¿La provocamos o seguimos rogando por atención?
