El pasado verano, Uber —una de las banderas de las llamadas compañías de economía colaborativa— inició operaciones en Puerto Rico. Y lo hacía cargada de controversia. Claro que la controversia no es mala en sí misma. Se torna nociva cuando los encargados de dirimirla no lo consiguen. Y ese, amigos, es el caso de Puerto Rico.
Hasta su llegada, lo más cercano al servicio ofrecido por la plataforma Uber era el taxi. Una persona que necesitaba transportación contrataba un taxi, pagaba y llegaba a su destino. Lo típico. Pero Uber levantaba la controversia desde distintos flancos. Ahora no solo podía obtenerse transportación por pago a través de los taxis. Los ciudadanos privados, usando vehículos privados, sin la necesidad de licencias o seguros y con tarifas mucho más bajas, ofrecían ahora una opción de transporte más barata y acorde con los nuevos tiempos. Pero no solo eso. Por no ser una compañía de taxis y ser una empresa de economía “colaborativa”, Uber no estaba obligada a pagar contribuciones al Gobierno de Puerto Rico. Entonces llegaron los reclamos.
Para los transportistas locales, Uber opera en un esquema de competencia desleal. Aseguran que Uber es más barato porque, sin regulaciones como las de la Compañía de Turismo, pueden cobrar más barato que los transportistas. Y, entonces, el panorama se enredó gracias al Gobierno y su incapacidad de desenredar el enredo. Bajo la pasada administración se adoptó como política pública que Uber y el resto de las llamadas empresas de redes de transporte no serían reglamentadas por las leyes que escrutan a los transportistas, sino por un reglamento establecido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Luego llovieron los parchos. Que si leyes, que si reglamentos, que si mapas de zonificación, que si intervenciones policiacas para hacer cumplir “la ley” en contraposición con las disposiciones de los Tribunales y los gobiernos de turno. Y al enredo añada la violencia. Enfrentamientos entre taxistas, conductores de Uber, clientes molestos y paros. Casi un año de enredo después, el panorama no parece esclarecerse. Mientras, el Gobierno anticipa la consideración del Proyecto del Senado 525, que asegura arreglará los entuertos, el pandemonium sobre Uber y su radio de acción. A juzgar por lo que ha ocurrido en múltiples jurisdicciones donde la experiencia de estas plataformas nos lleva algo de ventaja, los líos sobre la regulación de estas compañías con base en Internet no terminarán hasta tanto las leyes locales sean enmendadas para reconocer su existencia y características. No hacerlo nos dejará a las puertas de más líos y mayor confusión. Ojalá no pase un año más.
