Por: Denis Márquez
Consumado el plebiscito de estatus, no es difícil prever qué efecto tendrá su resultado sobre la clase política en Washington: ninguno. Aparte de la característica desidia del Gobierno estadounidense sobre este particular, la decisión del Gobierno actual de incluir en la consulta la opción colonial derrotada en 2012 para obtener un aval imaginario del poder metropolitano aniquiló cualquier posibilidad de que las fuerzas políticas descolonizadoras apoyaran el proceso. La sumisión penepé a su amo superó a la responsabilidad que el partido de gobierno tenía con su propio pueblo. Ahora tendrán que rogar la admisión a la federación con resultados desastrosos que facilitarán las excusas de siempre en Washington.
De los resultados del plebiscito se desprenden varias conclusiones. Primero, el llamado al boicot fue apoyado ampliamente. La estadidad obtuvo el 97 % de los votos emitidos por apenas un 22 % de participación. Aunque la tasa de participación electoral en Puerto Rico suele ser alta, el pueblo rechazó el plebiscito de carácter colonial. Incluso el referéndum de 2012 sobre el derecho a la fianza y la disminución al número de legisladores (también mediante elección especial) tuvo una tasa de participación mayor (35 %). Nadie en su sano juicio puede creer genuinamente que el 97 % de los puertorriqueños quieran la estadidad. Segundo, el apoyo a la anexión mermó. Obtuvo cerca de 500,000 votos, cifra menor de la que recibió el gobernador Rosselló hace unos meses; sobre 300,000 votos menos de los que recibió la estadidad en el 2012 (día de elecciones generales) y sobre 200,000 votos menos que en 1998 (elección especial). Independientemente de los cambios demográficos en la isla, esta disminución sustancial del anexionismo en un momento en que el ELA ha fracasado no debe ignorarse.
Si bien la anexión siempre ha sido una quimera, este resultado no abonará a su consecución. La pretensión estadista se dificulta aún más en estos tiempos, cuando la presidencia de Estados Unidos es ocupada por un megalómano xenofóbico bajo investigación congresional. Si el Gobierno demócrata de Obama impuso PROMESA y su Junta de Control Fiscal, pensar que el Gobierno del Partido Republicano de Trump “concederá la igualdad a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico” —en lenguaje penepé— es pura fantasía.
Desde el PIP tomaremos iniciativas para impulsar nuestra descolonización. Nos reuniremos con diversos grupos en Puerto Rico para conformar lo que hemos llamado el Proyecto por la Soberanía Nacional, para combatir la estadidad, confrontar a Estados Unidos y fortalecer el reclamo de soberanía para Puerto Rico. Entre otras cosas, promoveremos la aprobación del proyecto del congresista Luis Gutiérrez para reconocer nuestra soberanía, fortaleceremos lazos con la diáspora puertorriqueña y denunciaremos nuestra condición indigna a nivel internacional. Solo así lograremos crear las condiciones políticas necesarias para forzar al Gobierno federal a soltar finalmente las cadenas centenarias que nos han impuesto.
