Por: Denis Márquez
La Asamblea Legislativa aprobará un presupuesto que les asigna la más alta prioridad a los acreedores del gobierno. El aspecto que más llama la atención de este atropellado proceso es que las decisiones principales sobre lo que serán las asignaciones a cada agencia no las hemos tomado los legisladores, sino un grupo de técnicos de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Gobierno estadounidense. Esta es la manifestación más burda de la relación colonial entre Puerto Rico y EE. UU. En una era en la que la descolonización ha sido un tema superado por la mayor parte de las naciones del mundo, Puerto Rico se sumerge en una relación política indigna y vergonzosa.
Los bonistas del exterior —no los puertorriqueños— serán los más beneficiados porque ese es precisamente el rol de la Junta de Control Fiscal. La Junta no ha venido a asegurarse de que nuestra universidad pública cuente con los fondos suficientes para atender dignamente a los estudiantes del sistema público; la Junta no ha venido a garantizar que nuestra fuerza obrera reciba mejores condiciones laborales; a la Junta no le importa si nuestros pacientes médico-indigentes recibirán los medicamentos y el tratamiento adecuado; a la Junta le importa poco si el estudiantado de nuestras escuelas públicas tendrá los materiales educativos adecuados o si la clase magisterial tendrá siquiera la seguridad de sus salarios.
Una mirada responsable a este presupuesto revela que en este país se invirtieron las prioridades. Organizaciones culturares, educativas y de acceso a la justicia se verán especialmente afectadas por los recortes impuestos. Además, se revela que ASES contará con menos recursos financieros para los pacientes de la reforma; que el transporte integrado no es prioridad para esta administración; que las asignaciones para Vivienda Pública no son asunto de urgencia; que se golpea a ASUME con una drástica reducción presupuestaria; que cada municipio tendrá que buscar la manera de aumentar sus ingresos, imponiendo de paso más contribuciones a ciudadanos, comerciantes y profesionales; que las APP resultan ser más importantes que los fondos para la UPR o los fondos para la reforma de salud, para el Centro Comprensivo de Cáncer o para Vivienda Pública; que el desarrollo del talento musical de nuestros jóvenes no resulta ser de importancia; que nuestra agricultura tampoco es prioritaria; de igual manera lo que tiene que ver con las procuradurías de la mujeres, con la Junta de Planificación, con el Instituto de Cultura o con la Ética Gubernamental; y que nuestro medioambiente no es de gran pertinencia para la Junta.
Por todo lo anterior, le votaré en contra al primer presupuesto de nuestra historia cuyo diseño y prioridades no ha estado en manos de los puertorriqueños. Tengan la seguridad de que lo haré en representación de las decenas de miles de puertorriqueños que me apoyaron con su voto y de la mayoría de nuestro pueblo que espera de nosotros que cumplamos con esta responsabilidad intransferible.
