La propuesta del gobernador para eliminar la aportación gubernamental al Fondo Electoral, que permite a los partidos costear sus gastos administrativos, puede entenderse como un cerco a la participación de fuerzas políticas que rehúyen de las malas prácticas del inversionismo privado.
No es menos cierto que, en tiempos de estrechez económica y ante el reclamo de la ciudadanía para limitar el gasto público, esta sea una idea que despierta simpatía en algunos sectores del país, en particular, quienes conciben como irracional que se destine más de un millón de dólares al año para mantener las estructuras partidistas.
Sin embargo, lejos de cualquier buena intención, la aprobación de esta medida incentivaría más la dependencia que tienen los partidos mayoritarios a las donaciones privadas. Esto, como sabemos, trae el riesgo de fortalecer un esquema de corrupción mediante el cual se paga con contratos gubernamentales las contribuciones económicas realizadas por individuos y corporaciones a colectividades políticas.
Esta iniciativa también pone en juego la permanencia de los partidos más pequeños o minoritarios, que han mostrado dificultad para recaudar fondos. Es, sencillamente, un duro golpe a la democracia y al pluralismo político, al tiempo que se perpetúa la estructura bipartidista que, en nuestro caso, está representada por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.
Lo peor es que el modelo de clientelismo político que se fragua a través del financiamiento privado vicia la acción gubernamental al otorgarles cancha abierta a los inversores para intervenir en la aprobación de proyectos que delinean política pública, a la vez que se benefician con contratos de cuantiosas sumas que se obtienen, en la mayoría de los casos, por encima de normas y reglamentos vigentes.
Por eso, contrario a la propuesta que impulsa el gobernador, la acción política legislativa debería dirigirse a erradicar la inversión privada que, a su vez, es el germen que ha carcomido la confianza de la ciudadanía en unos partidos políticos que, como si fuera poco, están sitiados de escándalos de corrupción.
Cierto es que, para atacar este problema desde su raíz, se requiere, más que voluntad, poder político. Esto porque nuestra situación colonial nos somete a permitir que intereses económicos privados incidan en los procesos electorales a fuerza de billetes, como quedó establecido en el año 2010 tras la determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Citizens United versus Federal Election Commission.
Ahora, en lo que se resuelve esta impotencia política del país, que resulta de la relación de subordinación frente a la metrópoli estadounidense, hay un espacio para comenzar a actuar aportando estrategias para desinfectar los partidos y reducir las influencias de los inversionistas.
En esa dirección, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en Cámara y Senado ha elaborado un plan legislativo anticorrupción que traza la ruta hacia el saneamiento de los procesos políticos.
En primer término, se propone proveer de financiamiento público exclusivo para cubrir los gastos de las campañas políticas de los partidos y los candidatos, de manera que el proceso electoral sea uno equitativo y transparente. Los fondos otorgados a los partidos deben pasar por un estricto proceso de auditoría que realizará la Oficina del Contralor Electoral.
Asimismo, prohibir que personas naturales o jurídicas que tengan contratos de servicios profesionales con dependencias gubernamentales puedan hacer aportaciones económicas a los candidatos o al partido político al que pertenezca el oficial nombrado o electo que intervino, evaluó o autorizó dichos contratos.
También se propone limitar la campaña política en medios de comunicación paga a solo dos meses previo a las elecciones, a la vez que se disponen los medios informativos del gobierno para transmitir cápsulas informativas a la ciudadanía.
Y, por último, prohibir a municipios y agencias de gobierno el gasto desorbitado en publicidad y extender las prohibiciones de la veda electoral a todo el cuatrienio.
Las opciones están sobre la mesa. Ahora resta conocer la disposición política, si alguna, de la casta de gobernantes que dirigen los designios del país para ponerle fin al vicio del inversionismo político.
