El nuevo año fiscal ha comenzado y con él los recortes que trae el nuevo presupuesto. Pero en los recortes llama la atención que un sector permanece prácticamente intacto a pesar no solo de sus márgenes de ganancia a costa del dinero público, sino también a pesar de lo que comienza a develarse como su papel en la crisis del sistema de salud del país: las aseguradoras.
Ese renglón de la economía de la isla —porque, no se lleve usted a engaño, se trata de un poder de amplias ganancias— se embolsilla anualmente billetes largos.
PUBLICIDAD
Pero, mientras sus ganancias se pasean entre los miles de millones, según datos que manejan las comisiones de salud de la Legislatura, sus hechuras han contribuido a la crisis salubrista que vive la isla.
Tome usted el caso del Centro Médico. Según ha revelado la Comisión de Salud de la Cámara, las aseguradoras —esas mismas a las que se les renovaron sus contratos— adeudan $50 millones al Centro Médico. De esa cifra, $13 millones corresponden a la sala de urgencias. Y se trata de una deuda por servicios prestados. Según la comisión, el esquema es sencillo: los planes médicos se niegan a pagarle al Centro Médico por servicios prestados. Le explico. El Centro Médico recibe pacientes que requieren atención en una sala de urgencias. Y allí el personal presta el servicio, aunque la sala de urgencias esté llena. Después de todo, sería inhumano e irresponsable negar un servicio de ese tipo solo porque la sala está llena, ¿correcto?
El problema es que, según el Centro Médico, los planes médicos se niegan a pagar por el servicio prestado “agarrándose” de que el servicio no fue ofrecido dentro de la sala de emergencias. ¿La consecuencia? Un desfalco de $13 millones en ASEM.
A lo anterior se suma la realidad denunciada por pacientes de la reforma de salud durante años como un alegado esquema para ahorrar dinero y mantener sus ganancias “billonarias”. Usted lo habrá escuchado. El doctor decide que un paciente necesita el “medicamento A”, pero la aseguradora, por encima del criterio médico, no autoriza el medicamento ordenado por el doctor y ordena un sustituto. Para atender esa situación, la Legislatura aprobó por unanimidad el Proyecto del Senado 27, que permitiría a un paciente afectado por la restricción de un plan presentar un reclamo legal. Solo que hasta hace unos días el gobernador no había estampado su firma en el proyecto. En definitiva, ¿quién se beneficiaría de la aprobación de la Ley? Los pacientes.
El cuadro antes expuesto confirma el poder de las compañías de salud que escapan apenas con algún rasguño de los recortes “para todos” que el país viene enfrentando hace más de una década. Los malpensados dirán que su buena suerte se debe a los milloncitos que aportan a las campañas de los dos principales partidos políticos, una confirmación de aquello de que el que tiene padrino se bautiza.
