Es muy lamentable que la política partidista continúe haciendo de las suyas en detrimento de las necesidades del pueblo. Es insólito y reprochable que se juegue con vidas humanas y que una amenaza contra la salud del pueblo sea un daño colateral aceptable para algunos funcionarios de éste gobierno, todo por esa maldita política partidista.
Para bien o para mal se compró un helicóptero ambulancia en la pasada administración que costó cerca de 8 millones de dólares. En aquel entonces advertí que había sido una mala decisión, tomando en cuenta lo disfuncional de nuestro gobierno en muchas áreas, y que la nave terminaría quedándose en tierra, sin uso, por un período extenso. Van 8 meses y la nave sigue en tierra, sin uso. Ahora bien, una vez se compró y teniéndola disponible, tenemos que usarla. En lo que parece otro intento de una administración gubernamental hacer quedar mal a otra, las excusas y justificaciónes para no usar la nave han variado según se van deshaciendo las mismas. Usan una, y al deshacerse, agarran otra. Ese manejo ha sido algo torpe por parte del gobierno porque ponen de manifiesto que no es que no pueden usar el helicóptero, más bien no quieren.
Primero se cuestionó la decisión para adquirir la nave, ya que el ex-gobernador Alejandro García Padilla declaró un estado de emergencia basado en que la empresa privada que provee servicio (Aeromed) se negaba en ocasiones a trasladar pacientes hasta que no le pagaran parcial o completamente una deuda acumulada. Si usted no puede transportar pacientes que pueden morir porque paralizaron el servicio de transporte aéreo, ¿tiene o no tiene una emergencia? Conteste usted.
Luego, echaron a correr que en la transacción medió el Lcdo. Eric Reyes, amigo personal del gobernador. Le zumbaron una carta a un ejecutivo de la empresa que vendió la nave sobre ese particular y la filtraron a los medios. Obviamente aquí ya no disimulan la estrategia política de la controversia. Cuando el ejecutivo indica que no conoce a Reyes y que tampoco ha atendido el asunto de la compra con él, se acabó el tema del amigo del gobernador.
Metro adelantó el pasado mes de abril la oposición del gobierno actual a utilizar la nave por la “falta de certificaciones y licencias” de la Federal Aviation Administration (FAA). Se refieren a una llamada Certificación 135. Luego de revisar documentación de la FAA, Noti Uno 630 publicó la semana pasada que en ninguna parte dice que hace falta dicha certificación para operar el helicóptero como un Public Aircraft Operation, y lea bien esto: SIN COBRAR. Así operan naves como ésta en jurisdicciones como Nueva York, Virginia y la Florida, entre otros. Transportan pacientes sin la certificación y sin facturar, como un servicio gubernamental.
De hecho, lea lo que dijo el representante Juan Oscar Morales a Metro en abril sobre esa certificación: “Aunque el helicóptero sea propiedad del Gobierno, debe tener la Certificación 135 para poder facturarles a los planes médicos, pacientes de Mi Salud (ASES), pacientes de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y a la ACAA (Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles)”. Repito y cito “para poder facturarles”. ¿Puede el gobierno transportar en la nave a un paciente que su vida dependa de dicho transporte y no cobrar al plan médico, el Fondo, la ACCA, ASES, o al que sea? La respuesta es que sí puede. Esa certificación, como dice el legislador, es para poder cobrar.
Curiosamente la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que preside Morales, y que investigó el asunto, sentó a declarar sobre ese argumento de la certificación a dos funcionarios de la misma administración que no quiere usar la nave. ¿No les parece raro que no quisieron tener declaración bajo juramento de los que tienen autoridad sobre esa certificación, en este caso funcionarios de la FAA? Otro dato curioso es que hace unos meses esa misma comisión advirtió que podía citar al gobernador Alejandro García Padilla a declarar y luego que éste dijera que esperaba la citación para ir a declarar, desistieron de llevarlo. García Padilla dijo el viernes que él habló sobre el proceso con funcionarios de la FAA, en las oficinas centrales de Washington DC, así como con los de la oficina de Puerto Rico. Como les digo, muy curioso que la Comisión de Salud de la Cámara rinda un informe sin esos testimonios tan importantes.
¿Todavía tiene dudas que el gobierno miente en esta controversia, buscando excusas para no operar la nave? El martes pasado Noti Uno 630 entrevistó al Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez, sobre el particular y éste dijo que la contralor, Yesmín Valdivieso, había ordenado que no volaran la nave. Nunca había escuchado que la Oficina del Contralor ordenara suspensión de servicios, por lo que nos comunicamos con Valdivieso. “Nosotros en ningún momento hemos mandado a parar la operación de ese helicóptero”. ¿Porque mintió Rodríguez? Desconozco. No obstante, ahora dice que son los federales los que ordenaron no volar la nave. El asunto es que con lo ocurrido, ahora el Secretario de Salud tiene un serio problema de credibilidad y el pueblo puede pensar que si mintió en una cosa, puede estar mintiendo con la otra. Tampoco había escuchado que los federales ordenaban suspensión de servicios en lo que investigaban casos. Si eso fuera cierto, hubiesen tumbado el cuadro telefónico de la Cámara de Representantes en lo que investigaban a Anaudi Hernández, ¿no cree?. Rodríguez llegó a indicar que el helicóptero podría ser embargado por el gobierno federal, lo cual también parece un disparate. No estamos hablando del Internal Revenue Service (IRS) embargando una cuenta por una deuda. No veo a los federales arrebatándole al estado un helicóptero para salvar vidas.
En el caso de un allanamiento federal a la empresa que vendió la nave (Ecolift), suceso que el gobierno también ha utilizado para sembrar la duda en la ciudadanía y tartar de poner a la opinión pública a su favor, supimos que la misma tuvo que ver con un helicóptero procedente de Venezuela que llegó a la isla para recibir mantenimiento, lo que levantó bandera a las autoridades federales. La agencia federal principal que intervino fue el Servicio de Inmigración y Aduanas federal (ICE, por sus siglas en inglés), y la intervención fue en el 2015. Al cabo de varios meses devolvieron el material ocupado. Ya casi llegamos al 2018 y no ha ocurrido nada, por lo que se puede presumir que no hallaron irregularidades. Recuerde que los federales intervienen, si encuentran acusan y si no encuentran, no lo dicen públicamente.
Culminando la semana pasada, y luego de salir a flote que era falsa la supuesta orden de la contralor para detener la operación del helicóptero, el Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Lcdo. Ramón Rosario, dejó entrever que el Gobierno tuvo que hacer una inversión adicional en la nave para convertirla en ambulancia aérea y que ese proceso finalizó en mayo pasado. Hay dos detalles que no dijo Rosario y desconozco si los omitió por desconocimiento. El costo de los 8 millones de la nave incluye la conversión a ambulancia aérea. Lo que llegó en mayo pasado fue una incubadora de bebé, que era lo único que faltaba por instalar. No obstante, sin la incubadora se puede transportar cualquier otro paciente. ¿Sabe qué? El Secretario de Salud sabe que desde mayo esperan por la nave para instalar esa incubadora. ¿Porque no llevan la el helicóptero para la instalación? Supongo para mantener viva la excusa de que le falta equipo y no la pueden usar. Dos meses lleva la incubadora esperando por su instalación. De hecho, he notado que repiten que al helicóptero le falta un equipo, pero no dicen que es dicha incubadora para bebés.
Finalmente, con el empleador único, si es tan bueno como lo han presentado, la operación de la nave, sin facturar, se estima entre 1.5 a 2 millones de dólares. El costo actual por transporte de paciente es de aproximadamente $6,000.00. Lo curioso es que esa cantidad es fija, vuele de Centro Médico a Cabo Rojo o vuele a Cataño. De hecho, el representante Morales reveló que bajo esta administración se aumentó de $4,000 a $6,000 el pago por vuelo, en plena crisis. En la isla se realizan alrededor de 1,200 transportes en helicóptero ambulancia. Si son cerca de $6,000 cada vuelo, estamos hablando que el gasto anual sobrepasa los 7 millones de dólares. Recuerdo cuando se aumentó el IVU de 7% a 11.5% y el gobernador Ricardo Rosselló, como candidato, decía que 11.5% era más que 7%. Si usamos la misma lógica, la pregunta es si 7 millones es más que 2. Si el gobernador aplica ese mismo argumento, sensatamente debe preferir poner a volar la nave esta misma semana.
En caso que el gobierno desee tener la certificación 135 para facturar los transportes, que está en su derecho, puede iniciar el proceso (no lo han hecho tampoco, hasta donde sé) y operarlo sin cobrar. Cuando obtenga la certificación, entonces comienza a facturar.
Toda esta madeja me dá la impresión que levantaron una espectativa, entendiendo encontrarían el escándalo del siglo, y la realidad es que no han encontrado gran cosa, por lo que ahora se sienten en la obligación de sacar lo que sea, incluso, obviando testimonios importantes. Veremos a ver lo que trae el informe cameral, pero sí debemos estar seguros que sangre va a tener, política, pero va a tener. Apúntelo.
