El sistema eléctrico del país está terrible. Esa fue la sentencia que pronunció esta semana el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos Rodríguez, presumiendo que sus expresiones develaban un gran descubrimiento.
Pero, como suele ocurrir en este gobierno, el funcionario no perdió oportunidad para advertir que, a pesar de la profunda crisis por la que atraviesa el servicio energético en la corporación pública, él tiene un plan salvador. La receta es sencilla: una declaración de emergencia que facilite la ruta acelerada hacia la privatización.
Admite Ramos Rodríguez que la “terrible condición” en que se encuentra el aparato de suministro de energía de Puerto Rico resulta de la dejadez de las pasadas administraciones de la AEE, las cuales lanzaron a su suerte el mantenimiento de sus líneas de distribución y transmisión, las plantas y centrales de generación. Y es cierto.
Por los últimos años, la jefatura de la corporación ha ido drenando el presupuesto asignado a áreas de mantenimiento preventivo de su infraestructura, implicando también una reducción significativa del personal diestro para realizar esas tareas, falta de equipo para sus trabajadores y hasta el descuido a la flota vehicular. Así las cosas, a nadie le debería sorprender la fragilidad en la que está hoy nuestro sistema eléctrico.
Más aún, esta es una situación que ha sido denunciada en innumerables ocasiones por los gremios laborales de la AEE, en particular por la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (Utier), que ha sido puntual describiéndole al país el quebranto de la Autoridad.
No hay que rebuscar mucho. El hecho es que la AEE ha sido víctima de un constante descuido intencional de parte de las administraciones que han nombrado los dos gobiernos que se han turnado el poder político del país. Ambos, sin exclusión, han actuado negligentemente al negarse a dotar a la agencia de los recursos necesarios para garantizarle a la ciudadanía el mejor servicio posible.
De forma deliberada y con alevosía, los gobiernos han echado al abandonado a la AEE sumergiéndola en una profunda crisis que también se refleja en su estado financiero. Esto no es más que una agenda muy bien zurcida desde la alta dirección para ahondar en el deterioro de la agencia y viabilizar la ruta para colocar a la corporación pública en vitrina con un letrero que anuncie una gran venta al pasillo, de esas que se promocionan como Navidades en septiembre.
Por eso no extraña que, tras una declaración de emergencia, como la que anunció el director Ramos Rodríguez, se presente el primer capítulo de la agenda privatizadora. En este caso, la contratación expedita de tres compañías privadas para realizar tareas de poda y desganche a un costo de $14 millones, dinero que ha sido presupuestado y está disponible para gastar.
Pero hay más. Según la gerencia de la agencia, el plan también incluye el reclutamiento de 386 empleados privados para el área de generación, 336 para transmisión y distribución y 229 para servicio al cliente. El costo de estos salarios se estimó en $64 millones, lo que, al juntar los contratos de las empresas privadas, suman $78 millones.
¿Alguien puede justificar ese gasto millonario en medio de una crisis fiscal y habiendo otras posibilidades para resolver el problema a menor costo?
El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, ha lanzado advertencias sobre los riesgos que conlleva la declaración de emergencia que ha impuesto la AEE, principalmente por el peligro que acarrea darles un cheque en blanco a los directores para realizar contrataciones por encima de procedimientos ordinarios, lo que la experiencia nos evoca a prácticas de favoritismo para beneficiar a amigos e inversionistas políticos.
Asimismo, el líder sindical ha señalado que hay otras formas de atender el problema, como concentrar esfuerzos en fortalecer las unidades de trabajo internas con el personal y el equipo adecuado. Esa alternativa, además de ser mucho menos onerosa para el país, es organizacionalmente más eficaz.
Mas ya sabemos que esa no es la ruta que ha trazado el plan del gobierno. La agenda, en cambio, es vender por pedazos a la AEE, primero con el otorgamiento de contratos de poda y, luego, en poco tiempo, escucharemos anunciar la comercialización de las plantas de generación eléctrica bajo el eufemístico concepto de alianzas público privadas participativas.
Nos aguardan días oscuros. Preparémonos.
