Ayer la Junta de Control Fiscal, creada al amparo de la Ley federal PROMESA, comenzó de lleno el proceso que tanto aclamaban el Gobierno local y el sector privado. Se trata del que dispone el Título V de la Ley para la “Revitalización de la Infraestructura de Puerto Rico”. Sin embargo, ya se levantan muchas banderas sobre esta nueva etapa de nuestro país bajo el esquema legal que nos rige desde julio de 2016.
La mencionada disposición de PROMESA faculta a la Junta para nombrar un coordinador de Revitalización, puesto que ya recae en el militar puertorriqueño Noel Zamot. A través de esa figura y de una plataforma digital que lanzaron ayer, la Junta comenzará a recibir propuestas del sector privado para desarrollar proyectos en las áreas identificadas como críticas. Estas son energía, acueductos, transportación y disposición de desperdicios sólidos. El trámite será expedito, de 150 días, anunciaron ayer, con todo y la permisología que cada propuesta requerirá de las agencias estatales y federales. La Junta aseveró, a través de Zamot y su directora ejecutiva Natalie Jaresko, que el plan fiscal aprobado no es suficiente para estimular nuestra economía y que el Gobierno, tanto el estatal como el federal, no tiene la capacidad para invertir en esa dirección. Zamot dijo ayer que todo está en manos de una “solución de capital”.
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Las compuertas que se abrieron nos dirigen irremediablemente a una sola cosa: la privatización más abarcadora y rápida que ha visto nuestro país. Anticipo que no habrá bien público que se salve. No estoy argumentando a favor o en contra, solo hago una proyección de lo que veremos en todo su apogeo en 2018. A fin de cuentas, los culpables de que esto ocurra son los administradores públicos que hemos tenido por las pasadas décadas y los electores que los perpetuaron.
Anticipo, además, que todo este proceso traerá consigo otro conflicto entre el Gobierno local y la Junta de Control Fiscal sobre el tema de quién tiene la supremacía. Ya el issue lo estamos viendo con la orden dada para que se reduzca la jornada laboral a partir del 1 de septiembre. Ayer surgió que la Junta podría reclamar una autoridad mayor si al momento de aprobar una propuesta privada, el Gobierno puertorriqueño no quisiera darle paso. Dijo Zamot que PROMESA les da supremacía en este aspecto si el “proyecto crítico” en controversia estuviera enmarcado en el plan fiscal aprobado. Aquí podríamos ver conflictos, sobre todo si chocaran propuestas de la Junta con las que promuevan los contribuyentes políticos.
Otra zona que parece ser gris, tras la presentación de ayer, es la que tiene que ver con la transparencia. El representante de la Junta dijo que realizarán vistas públicas sobre proyectos neurálgicos y que publicarán toda la documentación que consideren relevante. Sobre esto, la Junta debe establecer un proceso estándar, que no esté sujeto a los juicios del burócrata de turno, en el que todo proceso relacionado con el Título V sea ampliamente público. Los proyectos que discutirán son por su naturaleza controvertibles, y lo menos que necesitamos es que estén revestidos de un manto de secretividad.
