Como hemos escuchado, parte de los problemas presupuestarios que hemos tenido en la isla se lo debemos a legislaciones o determinanciones populistas que no tienen otro fin que poner a gozar a los electores a cambio de su voto en las próximas elecciones. En ese sentido se aprueban proyectos de ley que desangran la caja del Departamento de Hacienda y que no inyectan, por un lado, el dinero que pierde o deja de recibir el Estado por el otro.
Ese parece ser el caso del proyecto de ley 346, de la senadora Evelyn Vázquez, que busca brindar el privilegio de comprar bienes y servicios en tiendas militares de la Guardia Nacional, sin pagar IVU, a policías, bomberos, agentes del NIE, alguaciles de tribunales, vigilantes de Recursos Naturales y guardias penales. El beneficio no solo es para estos funcionarios, sino que también es extensivo a los que se hayan retirado. Ese proyecto fue aprobado sin llevar a cabo vistas públicas ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Nuevamente, la falta de la transparencia prometida.
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Puerto Rico y su gobierno viven la peor crisis económica y fiscal, por lo que se necesitan mayores recaudos para cubrir servicios, no estar estableciendo nuevas excenciones del pago del IVU o cualquier otro. En el pasado se cobraba un 6.6 % de impuesto en los muelles. Luego comenzaron a eximir de ese pago, por legislación, a cuanto producto se les ocurría. ¡Hasta a los chocolates les aplicaron la excención! ¿Qué pasó? Que mientras aumentaban las excensiones por un lado, no inyectaban dinero nuevo por el otro, para reponer y mantener la caja cuadrada. Así se descuadra cualquiera, y esta medida puede ser lo mismo o algo parecido.
Para las elecciones de 2008, se inventaron brindar gratis el servicio de la quebrada Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), así como los días sin IVU. No se identificó de dónde se compensarían esas pérdidas. ¿Cómo está la AMA hoy? ¿Cuánto perdimos de IVU por las excensiones? ¿Cómo están los servicios al pueblo hoy? Por lo que vemos, el proyecto de la senadora Vázquez tendría el mismo efecto. El Estado dejaría de recibir ingresos del IVU por parte estos empleados públicos y retirados. No pueden culpar al pueblo si piensa que no hay voluntad de cambio, de movernos a una administración regida por el sentido común y la responsabilidad.
El proyecto de ley de la senadora Vázquez no establece de dónde se repondrá el dinero que deje de recibir el Departamento de Hacienda. Yo desconozco si esa identificación tiene que estar en las medidas legislativas o no, pero si no, es algo que debería estar de forma compulsoria para no continuar con legislaciones algarete, que prometen grandes obsequios, pero sin decir de dónde saldrá el dinero para pagarlo.
No sé si en el proceso se identificó de dónde se cubrirá, pero al no haber vistas públicas, se desconoce. Muchas veces eliminan las vistas públicas para quitarse de encima el ojo público y pasarle gato por liebre al pueblo. ¿Qué certeza hay de que se indetificaron correctamente los fondos para cubrir? Lo que ha ocurrido por años es que se identifican fondos para subsanar legislaciones como estas, pero con proyecciones deficientes que, finalmente, se quedan cortas.
La identificación de los fondos no es lo único. También está la discriminación del proyecto. Un maestro, que es el profesional peor pagado en el Gobierno, ¿no es merecedor de este beneficio? De hecho, del pobre sueldo del maestro, este tiene que sacar para materiales y acondicionar su salón. Ante los recortes que se avecinan, ¿no merece lo mismo cualquier pensionado de gobierno? Un celador de la Autoridad de Energía Eléctrica que arriesga su vida y que enfrenta recortes de compensaciones, ¿no se le debe otorgar? ¿No le haría justicia a uno que trabaja un turno de madrugada despachando gasolina por $7.25 la hora, o a un bonista del patio que puede recibir hasta 80 % de recorte en su pago? ¡Oh, perdón! En el caso de estos últimos, que se fastidien. Recuerde que aquí solo debemos enfocarnos en el bienestar, sola y únicamente, de los empleados públicos.
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Esta medida, que no ha sido firmada por el gobernador, tiene impacto fiscal, por lo que debe tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Es poco probable que sea avalada. Éste organismo exige mayores recaudos y recortes de más gastos. La legislatura está consciente, pero como usted sabe, el gobierno, especialmente el legislativo se ha enfrascado en el juego infantil de quién le tumba la pajita a quién, por lo que no descarto se trate de un movimiento para las gradas: la legislatura es la “buenaza” que sigue dispuesta a regalar. Desde el Senado ponen al gobernador en una situación complicada de elegir entre firmarla como un acto populista o responsablemente vetarla. Al final, si el gobernador la firma, entonces el organismo federal la revoca y es el “malo” de la película nuevamente.
La prudencia y las necesidades ante la crisis demandan que el gobernador vete el proyecto. Ricardo Rosselló puede mostrar tener mayor madurez, sensatez y un sentido de responsabilidad con la seriedad de la crisis que los legisladores “creativos”. Veremos qué ocurre.
