Nadie se llame a engaño. Parte esencial de los problemas que arrastramos en los servicios de salud se deben al control absoluto que ejercen las compañías aseguradoras, y esto no es ningún secreto.
Los ejemplos sobran. Hay desde el control de éstas al determinar los medicamentos que deben ingerir los pacientes, los servicios y estudios médicos y clínicos que deben recibir hasta los criterios que aplican para autorizar su hospitalización.
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La intervención de estas empresas está basada en unas guías clínicas estandarizadas que contradicen las recomendaciones de los médicos –basadas en criterios científicos– y llega al extremo de obligar a estos profesionales de la salud a justificar sus prescripciones ante un inepto burócrata que, sentado en una silla haciendo cálculos contables, determina lo que es necesario para atender la salud de un paciente, tanto en la etapa de diagnóstico como de tratamiento.
Es el más absurdo de los absurdos, pero es el pan nuestro de cada día. Es una situación que no solo aplica a las personas que son beneficiarias del Plan de Salud del Gobierno, sino para quienes pagan de sus bolsillos seguros médicos privados.
Al final, el grupo de planes médicos que opera en la isla engordan sus arcas a cuesta de la salud de todo un pueblo. Mientras, el día a día de los galenos se convierte en una lucha continua contra ese monstruo intentando que se comprenda la urgencia e importancia de que los pacientes reciban el trato adecuado.
La situación es inaceptable. Entonces, cuando por primera vez en nuestra historia reciente una administración gubernamental se lanza a ponerle frenos a las arbitrariedades de las aseguradoras de salud, aparece la todo poderosa Junta de Control Fiscal defendiendo los intereses de esta casta de ’colmillúes’.
Hace unos días, la Junta anunció su veto a la recién aprobada Ley 47, una medida creada con el propósito de evitar las injusticias y atropellos que comenten las empresas de planes médicos. La razón, según la directora ejecutiva de ese cuerpo, es que la referida ley es inconsistente con el Plan Fiscal.
¿De qué estamos hablando? Sencillo. Esta ley, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, “crea una causa de acción estatutaria para aquellos casos en que la aseguradora, directa o indirectamente, interviene en el diagnóstico o tratamiento del paciente y como resultado de dicha intervención, el paciente sufre un daño”.
Y para hacerse valer, la medida amplía el marco de jurisdicción de la Oficina del Procurador del Paciente “para atender querellas relacionadas con la negación de autorización para los procesos de hospitalización de un paciente, incluyendo el largo del periodo de dicha hospitalización y los pagos por servicios facturados tanto por el tratamiento, medicamentos y la debida prestación de servicios de salud al mismo por parte de cualquier compañía de seguros de salud, organización de servicios de salud u otro proveedor de planes de salud autorizado en Puerto Rico”.
Hace tiempo que la legislatura debió armarse de valentía y “poner el dedo en la llaga”. Mas ahora, cuando alguien se atreve y logra aprobar una medida que frena los abusos que ejercen los planes médicos contra los pacientes, una mano siniestra interviene para detenerla.
La oposición que ha presentado la Junta es muy sospechosa, por eso hace bien el presidente del Senado al ordenar una investigación porque, a todas luces, alguien debe estar ejerciendo influencia para evitar que se le “meta mano” a estas empresas.
Además, cuando se observa bien la composición de la Junta, traslucen los conflictos de intereses que hay entre algunos de sus miembros cuyos negocios personales se vinculan al mundo de las aseguradoras de salud.
Si en algo debe haber consenso en el país es que los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos no pueden someterse a los márgenes de ganancia que desea obtener una empresa privada. Y por ahí se tiene que empezar, en lo que vamos trabajando en un sistema de salud universal de pagador único que sea igual y justo para todas y todos. Un modelo que garantice el derecho a la salud, que valore el criterio médico y sea económicamente viable para el país y la ciudadanía.
