A una semana del paso del huracán Irma por nuestra zona, son muchos los que todavía están sin luz. Dice la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que algunos sectores pertenecen a unos “bolsillos” sin servicio que ni ellos mismos pueden detectar. Otros son parte de la estadística diaria de abonados a oscuras de la que nadie quiere ser parte a esta altura.
Desde el Gobierno se escuchan varias voces hablando y todos sabemos que hay múltiples propósitos en los diversos discursos oficialistas que se escuchan en estos días sobre este tema. Algunos se comunican con el país para genuinamente informar sobre cómo va la recuperación del sistema eléctrico. Otros lo hacen para ir haciendo la camita a la privatización que parece estar a la vuelta de la esquina. Pero independientemente de las motivaciones, lo cierto es que el mismo Gobierno ha reconocido desde hace meses lo que la UTIER ha dicho por años: a la infraestructura de la AEE no se le ha dado mantenimiento y está débil. La muestra ha venido más temprano de lo esperado con el paso de este huracán.
Si bien es cierto que los trabajadores de la AEE han trabajado día y noche para, en siete días, restablecer el servicio a más del 80 % de sus clientes —y que las proyecciones son inciertas en otras jurisdicciones, como la Florida, donde diversas zonas sintieron el mismo impacto del huracán que aquí—, lo que ha ocurrido merece una reflexión profunda y la puesta del ojo avisor sobre lo que ocurrirá en esa corporación pública en los próximos meses. Y menciono lo de la Florida porque mucha gente anda por ahí en el típico arrebato automático de inferioridad sin leer los informes menos esperanzadores que ofrecen allá las autoridades gubernamentales a sus ciudadanos.
Cuando los directivos de la AEE se refieren a los bolsillos, no se percatan de que parecen hablar de una cínica metáfora que sugiere el verdadero problema de esa utilidad pública. La infraestructura de la AEE está en una precaria situación porque han sido los bolsillos de sus directivos, consultores y contratistas los que, por las pasadas décadas, se han lucrado de lo que fue la gallinita de los huevos de oro en el Gobierno de Puerto Rico. Por años se desviaron millones y millones de dólares para otros propósitos y no para darle mantenimiento a la Autoridad y actualizar el sistema. Uno de esos últimos ejemplos fue la contratación de Lisa Donahue y su firma Alix Partners, traídos como la solución mágica para enderezar los entuertos allí. Nada más lejos de la realidad. El resultado de su trabajo fue y sigue siendo invisible para Puerto Rico, aunque todos lo pagamos a un altísimo costo.
Hoy se aprovecha la emergencia para darle vigencia a la propuesta de privatización total de la que ya nos viene hablando desde hace semanas la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, creo que los trabajadores de la Autoridad han dado, quizás involuntariamente, una muestra de que esa no es necesariamente la solución y de que la corporación pública es salvable como lo que es, pública.
Aquí no se sintieron los temidos vientos de 185 mph, pero sí hubo zonas que registraron ráfagas de entre 70 y 110 mph, suficientes para comprometer la infraestructura de cualquier país.
La privatización ha sido la solución en muchos renglones, aquí y en el mundo. En Puerto Rico, ha prometido resolver crisis fiscales pasadas. Eso ha resultado en una falacia en casos como la Telefónica (1997) o el aeropuerto (2013). En ambos casos se proclamó que dichas transacciones resolverían, por un lado, la deuda del Sistema de Retiro y, por el otro, la de una corporación pública que sigue en precario. De hecho, Claro (la empresa privada que heredó el antiguo emporio telefónico público) lleva también una semana sin servicio para muchos de sus clientes.
Así que, mucho ojo con la intención de algunos de algunos de empujar agendas impertinentes que solo buscan seguir llenando los bolsillos de algunos pocos, mientras mucha gente sigue sin luz.
