Cualquier esfuerzo de recuperación en las áreas devastadas por el huracán María deberá ser evaluado no solo por la rapidez con que se logre restituir la infraestructura física que se arruinó sino por el trabajo que se realice para lograr una reconstrucción duradera y permanente de las comunidades y zonas afectadas.
En ese sentido, esta es una oportunidad para que el gobierno enfoque sus planes de acción hacia políticas públicas que, al prestar atención a la crisis actual, afronte una serie de problemas sociales que, de atenderlos bien, aportamos a reducir el riesgo al que nos enfrentamos de ocurrir otro desastre natural como el que nos azotó recientemente.
Así las cosas, es imperativo que como sociedad examinemos el consumo desmedido de los recursos naturales, el desparramamiento urbano y el problema de la pobreza, factores que inciden para que una buena parte de nuestra población se encuentre en una franja muy vulnerable al momento de enfrentar una catástrofe. Muchos estudios han señalado que los efectos de los desastres naturales se derivan de los problemas de desarrollo económico, social e institucional. Por eso, no debe extrañarnos que sean las zonas pobres y rezagadas del país las que sufren más cuando nos golpea un fenómeno atmosférico como fue el huracán María.
Por ejemplo, municipios como Toa Baja, Loíza, Culebra, Vieques, Adjuntas, Utuado, Las Marías, Orocovis, Maricao, Lares, Ciales, Comerío, Lajas, Barranquitas, Quebradillas, Salinas y Peñuelas encabezan la lista de las zonas que más sufrieron las consecuencias de este ciclón. Estos son, a su vez, los pueblos con el mayor nivel de pobreza en Puerto Rico, según información derivada del Censo.
Esto no quiere decir que aquellos municipios con mejor condición económica, como San Juan, Guaynabo o Bayamón, hayan sufrido menos los estragos del huracán. Por el contrario, lo que hay que acentuar es que donde hay niveles de pobreza altos se sufre más los efectos de un fenómeno natural adverso, simplemente porque los residentes de esas municipalidades se tornan más vulnerables.
Es por eso que los trabajos de recuperación de los efectos que dejó María en los pueblos más pobres se torna cuesta arriba, en parte porque su infraestructura física arrastra un nivel de abandono mayor y por el hecho de que las condiciones materiales en que vivían los residentes de esas áreas, relacionada a su capacidad económica, eran y son más precarias.
Esa precariedad económica y social hace que los pobres asuman mayores riesgos cuando se enfrentan a un desastre natural, máxime si sumamos que en muchos casos se trata de ciudadanos que viven en comunidades aisladas, con estructuras residenciales débiles, ubicadas en zonas donde las inundaciones son más frecuentes, sin acceso a servicios de salud adecuados y lejos de la actividad comercial e industrial.
Entonces, la ecuación es sencilla: cuanto más pobre es un pueblo o región más expuesto está a los riesgos al momento de enfrentarse a un desastre natural.
Para esos municipios y barrios pobres, el restablecimiento de los servicios básicos como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones demorarán mucho más en restablecerse que en otras áreas de la isla dado a que las condiciones de su infraestructura es más deplorable.
Por tal razón, la atención gubernamental en esas zonas debe enfocarse en reducir la vulnerabilidad de sus residentes atendiendo el problema de la pobreza, la reconstrucción de la infraestructura física y el acceso a los servicios básicos pero no con parches, sino con iniciativas permanentes que alienten el desarrollo económico y social.
Los ciudadanos de esos municipios requieren que se establezcan políticas de desarrollo integral sostenible para mejorar su calidad de vida porque, tengámoslo presente, en ocasiones mata más la pobreza que los efectos que provoca el embate de un huracán.
