El colapso en la credibilidad de la administración Rosselló no pudo haber ocurrido en un peor momento. Si bien el enfoque esta semana ha sido en lo que podría implicar para los fondos federales que se le asignen a la isla para la recuperación poshuracán, peor aún son las consecuencias de este déficit de confianza en los esfuerzos que se llevan en Washington para enmendar la reforma contributiva federal propuesta por el Partido Republicano. Si no se logra enmendar, el proyecto de ley aprobado ayer en la Cámara de Representantes federal sería un golpe mortal a la ya atribulada economía puertorriqueña. Lamentablemente, el escepticismo del Congreso viene acompañado de una estrategia totalmente incoherente y contradictoria de las dos figuras principales que nos representan allá. El resultado de este desfase pone en precario a miles de padres y madres de familia en un momento de extrema vulnerabilidad.
Estipulemos primero que sendas vistas en el Congreso esta semana dejaron en evidencia que no hay fe alguna en la capacidad del gobernador Ricardo Rosselló de liderar una respuesta a la catástrofe que comenzó hace ya casi dos meses. El representante Rob Bishop, presidente de la poderosa Comisión de Recursos Naturales, dijo, según lo citó el corresponsal de El Nuevo Día, José Delgado, que “hay serias preocupaciones de miembros del comité, y del Congreso en general, sobre la habilidad y capacidad del Gobierno local actual para manejar adecuadamente las cantidades masivas de dólares en asistencias federales que han comenzado a enviarse”. Nótese que hizo hincapié en señalar a este Gobierno, no a uno pasado, ni tampoco al cuerpo político en términos abstractos. Además, al decir que todo el legislativo estadounidense tiene los mismos reparos, apunta a que esta incertidumbre podría incidir sobre temas ajenos a la asignación de recursos para reconstruir.
Estipulemos, además, que la economía de Puerto Rico está en caída libre desde María y que cualquier cosa que pueda acelerar ese descenso hacia el abismo es contraindicado. Algunos datos permiten atisbar la difícil realidad de nuestro país. De cerca de 2,500 comercios que antes de la tormenta tramitaban transacciones del Programa de Asistencia Nutricional, al 6 de noviembre solo 1,317 —apenas un 53 %— habían registrado compras en los sistemas del gobierno de acuerdo con la página www.estatus.pr. Al 4 de noviembre, la Compañía de Turismo informaba que 31 % de los hoteles y 39 % de los casinos permanecían cerrados. Y al 27 de octubre, el gobernador de la Florida, Rick Scott, reportaba que ya 73,000 puertorriqueños habían llegado a su estado desde el temporal.
En medio de este desplome, el presidente Trump ha propuesto una reforma contributiva. Esta no se enfoca en Puerto Rico, sino que procura atraer de regreso a operaciones de empresas americanas que se han establecido en el extranjero. La isla, aunque evidentemente es parte de EE. UU., ha atraído empresas que para fines contributivos se consideran foráneas al sistema tributario americano. La propuesta republicana encarecería las exportaciones de esas empresas, a sus matrices en EE. UU., con tal de obligarlas a considerar mudarse de regreso para abaratar sus costos de operación. El peligro para nosotros radica en que la reforma no hace ninguna excepción para Puerto Rico, y trataría a empresas manufactureras radicadas aquí como si estuvieran en Irlanda, Singapur o la India. Por tanto, sentirían gran presión económica para abandonar nuestras costas y trasladarse de regreso a uno de los 50 estados.
En medio de esta discusión, Rosselló, y la Comisionada Residente Jenniffer Gonzalez, han demostrado poca capacidad para influir en la Casa Blanca y en el Capitolio. No era un secreto que Trump procuraría este tipo de cambio, y aun así los cabilderos, la Administración de Asuntos Federales y los asesores de ambos políticos fracasaron en modificar la propuesta republicana del saque. Ahora, la cuesta es aún más empinada, máxime cuando al gobernador ya no le creen ni el padrenuestro.
Para colmar la copa, Rosselló y González están enfrentados por razones ideológicas. El gobernador, sabiamente en este caso, ha apoyado crear una excepción para las empresas foráneas radicadas aquí sin modificar su clasificación contributiva. La comisionada residente, por su obsesión ideológica, insiste en convertir dichas empresas en domésticas, para así allanar el camino a la estadidad, y buscar nuevos incentivos. Pero aun cuando el gobernador haya optado por la estrategia correcta y de menos riesgo, el que no pueda convencer a su compañera de papeleta de que se una a él envía mensajes encontrados e inconexos a un Congreso que ya duda de esta administración.
En la cuerda floja están 75,000 empleos directos en la manufactura y otros 175,000 empleos indirectos o inducidos. Son 250,000 hermanos y hermanas puertorriqueños cuyas vidas podrían cambiar, de la noche a la mañana, si el gobernador y su equipo no demuestran capacidad, madurez y credibilidad.
